Santa Marta, Magdalena – Un operativo sin precedentes de la Fiscalía y el CTI sacudió hoy el Cementerio San Miguel, en el corazón histórico de Santa Marta, al irrumpir en una misa oficiada por el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub. El padre Fajid, suspendido de sus funciones eclesiásticas y formalmente imputado por delitos económicos, continúa desafiando las órdenes judiciales y las directivas de la Diócesis de Santa Marta, aferrándose al control del cementerio, un predio de significativo valor económico y simbólico para la ciudad.
La inspección judicial, liderada por un juez penal municipal, se llevó a cabo en plena ceremonia religiosa, generando un clima de tensión entre los presentes. Testigos relataron que algunos familiares del difunto interrumpieron la misa con muestras de molestia, mientras que otros, en silencio, expresaron su apoyo a la intervención de las autoridades. El padre Fajid, según fuentes periodísticas, mantuvo la compostura y continuó con el rito hasta que le fue posible, antes de que el cementerio quedara bajo el escrutinio de los peritos.
Este incidente es el último capítulo de una larga y compleja saga que se remonta a 2024, cuando la Diócesis de Santa Marta suspendió al sacerdote en lo eclesiástico y le prohibió ejercer ministerio. A pesar de la suspensión, Fajid continuó celebrando eucaristías, administrando nichos, cobrando por servicios funerarios y contando con el respaldo de una importante base de feligreses que lo ven como un pastor cercano y arraigado a la comunidad.
La situación ha generado una profunda división en Santa Marta, donde el padre Fajid ha sido apodado “el cura rebelde”. Sus seguidores lo defienden como un líder espiritual comprometido con su comunidad, mientras que sus detractores lo acusan de aferrarse al poder y de manejar irregularmente los recursos del cementerio. La metáfora popular que circula en la ciudad, “el padre Fajid no quiere soltar la ubre”, ilustra la percepción de que el sacerdote está más interesado en mantener el control de un negocio lucrativo que en cumplir con sus obligaciones religiosas.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal contra el padre Fajid en julio de 2025, imputándole cargos por administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos. La acusación se basa en la presunta irregularidad en el manejo de los fondos del cementerio, la ocultación de información contable y la falsificación de registros. Sin embargo, a pesar de las imputaciones, ninguna medida cautelar ha impedido que el sacerdote continúe administrando el cementerio y celebrando misas.
La Diócesis de Santa Marta insiste en que el control del Cementerio San Miguel ya no corresponde al padre Fajid, argumentando que la administración del predio debe ser asumida por la institución eclesiástica. La justicia, por su parte, aún no ha emitido una decisión definitiva sobre el tema.
Durante la inspección judicial, los peritos de la Fiscalía recolectaron evidencias, revisaron cuentas y analizaron la infraestructura del cementerio en busca de posibles anomalías en su explotación económica. Se espera que en los próximos 15 días, o en el plazo que determine el juez, se decida si se le prohíbe definitivamente el ingreso al cementerio al padre Fajid o si se ordena alguna medida más drástica.
El Cementerio San Miguel, construido a finales del siglo XIX, es uno de los cementerios más antiguos y emblemáticos de la costa Caribe colombiana. A lo largo de los años, se ha convertido en un lugar de descanso para generaciones de samarios y en un importante centro de actividad económica para la ciudad. La administración del cementerio genera ingresos por la venta de sepulturas, el mantenimiento de nichos, la administración de osarios y la realización de exhumaciones.
El caso del padre Fajid ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la Iglesia, la justicia y la comunidad en Santa Marta. La disputa por el control del Cementerio San Miguel ha trascendido lo religioso y lo legal, convirtiéndose en un símbolo de poder, fe y resistencia. Mientras el sacerdote no suelte el control del cementerio, el litigio –penal, eclesiástico y vecinal– no parece tener fecha de resolución.
La comunidad samaria observa con perplejidad el desarrollo de este caso, que ha generado un debate sobre la transparencia en la administración de los bienes eclesiásticos y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes. En una ciudad donde incluso los cerros tienen dueños disputados, el Cementerio San Miguel se ha convertido en un nuevo campo de batalla, donde la fe, el poder y el dinero se entrelazan de manera compleja y conflictiva. La pregunta que se hacen muchos samarios es si, finalmente, la justicia logrará imponerse o si el padre Fajid seguirá aferrado a su “ubre”, desafiando las autoridades y manteniendo el control de un cementerio que, para muchos, es mucho más que un lugar de descanso eterno.
