La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un hito en la defensa del medio ambiente al establecer un precedente que amplía significativamente el acceso a la justicia ambiental en México. En una sesión plenaria celebrada este 24 de febrero, el máximo tribunal determinó que cualquier habitante o usuario de un ecosistema tiene el derecho de promover un amparo para exigir su protección, incluso sin demostrar un daño individual o directo. Esta decisión, con profundas implicaciones para la conservación de áreas naturales y la participación ciudadana, surge a raíz de un caso presentado por un ciudadano zapoteca que denunció omisiones de las autoridades en la protección del Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca, específicamente por ocupaciones y construcciones irregulares que amenazan los servicios ambientales que este ecosistema provee.
El fallo de la SCJN representa un cambio paradigmático en la interpretación del derecho ambiental mexicano. Hasta ahora, la posibilidad de acceder a la justicia para la protección del medio ambiente estaba limitada a aquellos que podían demostrar una afectación personal y directa, como residentes colindantes a una zona contaminada o propietarios de terrenos afectados por una construcción ilegal. La nueva resolución elimina esta barrera, reconociendo que todos aquellos que habitan o se benefician de los recursos de un área natural protegida tienen un interés legítimo en su conservación y, por lo tanto, el derecho de exigir judicialmente su protección.
Esta postura se fundamenta en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de todos a un medio ambiente sano. La SCJN argumenta que este derecho no se limita a la ausencia de contaminación, sino que también implica la obligación del Estado de proteger y conservar los ecosistemas para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Al ampliar el acceso a la justicia ambiental, la Corte busca fortalecer este derecho fundamental y promover una mayor participación ciudadana en la defensa del medio ambiente.
La ratificación de la figura del interés legítimo es un componente clave de esta decisión. Esto significa que no solo los residentes colindantes a un área natural protegida pueden acceder a la justicia, sino también aquellos que resultan beneficiados por el denominado “entorno adyacente”. Por ejemplo, un turista que visita regularmente el Parque Nacional Benito Juárez y se beneficia de sus servicios ambientales, como el aire limpio y el agua potable, podría presentar un amparo para exigir su protección, incluso si no reside en Oaxaca.
Además, la SCJN enfatizó la importancia de aplicar el principio de precaución en la protección del medio ambiente. Este principio establece que la ausencia de certeza científica acerca de los beneficios de un ecosistema no justifica negar su resguardo ni desconocer el vínculo entre los usuarios y el entorno natural. En otras palabras, ante la duda, es preferible proteger el medio ambiente que arriesgarse a su degradación.
La Corte también resaltó la carga dinámica de la prueba, lo que implica que las autoridades tienen la obligación de justificar sus acciones que puedan afectar el medio ambiente, y que los jueces deben recabar pruebas adicionales cuando existan indicios de daño ambiental. Esto significa que ya no basta con que el denunciante demuestre la existencia de un riesgo ambiental; las autoridades y los jueces deben investigar a fondo y tomar medidas para prevenir o mitigar el daño.
En el caso específico del Parque Nacional Benito Juárez, la SCJN determinó que el juzgado federal encargado del caso no aplicó correctamente los criterios ambientales vigentes. Por esta razón, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que reponga el procedimiento y recabe más pruebas sobre los riesgos ecológicos y valore con mayor exhaustividad las denuncias relacionadas con la protección del parque. El amparo, bajo revisión en el expediente 450/2025, deberá ser resuelto nuevamente conforme a los lineamientos establecidos por la SCJN.
Esta decisión de la SCJN no solo tiene implicaciones para el caso del Parque Nacional Benito Juárez, sino que sienta un precedente para todos los casos de justicia ambiental en México. Se espera que esta resolución impulse a más ciudadanos a presentar amparos para exigir la protección de los ecosistemas y a las autoridades a tomar medidas más efectivas para conservar el medio ambiente.
En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, esta decisión de la SCJN representa un paso importante hacia la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. Al ampliar el acceso a la justicia ambiental, la Corte está empoderando a los ciudadanos para que se conviertan en defensores del medio ambiente y está fortaleciendo la obligación del Estado de proteger los recursos naturales para el beneficio de todos.
En otros asuntos abordados durante la misma sesión, la SCJN guardó un minuto de silencio en memoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante el operativo contra el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero. El operativo resultó en la muerte de 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía estatal y una mujer civil, además de 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada y tres colaboradores de “El Mencho”. El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, propuso el homenaje, destacando el sacrificio de los militares. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha expresado sus condolencias y ha ofrecido apoyo a las familias de los fallecidos. Este trágico evento subraya la persistente amenaza de la violencia y el crimen organizado en México y la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.
