La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para una batalla legal de alto impacto contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, anticipando un recurso de inconstitucionalidad general una vez que la ley sea aprobada en el Congreso, previsiblemente a fines de este mes. Fuentes sindicales confirmaron a LA NACION que el planteo no se centrará en artículos específicos, sino en cuestionamientos globales y conceptuales de la normativa, dejando los reclamos individuales para los trabajadores afectados por conflictos concretos.
Esta estrategia permite a la CGT, como representante de la clase trabajadora, abordar los aspectos fundamentales de la reforma desde una perspectiva más amplia, buscando invalidar la ley en su totalidad o en partes sustanciales. La denuncia se presentará ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, aunque esta última no tiene plazos definidos para emitir un fallo, como se evidenció en el caso del capítulo laboral del DNU 70/23, actualmente suspendido.
La decisión de la CGT de avanzar con el recurso de inconstitucionalidad es notable, considerando que la central sindical negoció con el gobierno el contenido de la ley, logrando salvaguardar las cajas sindicales, es decir, los recursos de las obras sociales, las cuotas solidarias y el rol de los empleadores como agentes de retención de las cuotas sindicales. A pesar de este acuerdo, la CGT considera que la reforma atenta contra principios constitucionales esenciales y derechos laborales adquiridos.
Los principales argumentos del recurso se basan en la violación de dos pilares fundamentales: la no regresividad de los derechos laborales y la protección del derecho al trabajo. La no regresividad implica que el Estado no puede disminuir el nivel de protección laboral ya existente, a menos que exista una justificación excepcional y razonable. Este principio se fundamenta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
En esencia, la no regresividad prohíbe retrocesos arbitrarios o desproporcionados en los derechos laborales, aunque la Corte Suprema no la aplica de manera automática como argumento de inconstitucionalidad. El máximo tribunal evalúa si las reformas desnaturalizan el contenido esencial de los derechos, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, el carácter alimentario del salario y el acceso a la justicia.
El segundo principio cuestionado es la protección del derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La CGT argumentará que la reforma implica una reducción de la tutela especial que la Constitución otorga a los trabajadores, vaciando el contenido esencial de este derecho sin una justificación razonable.
Un punto central del cuestionamiento se refiere a la desaparición del fuero laboral nacional, una justicia del trabajo históricamente cercana a los gremios y al peronismo. Si bien la Corte Suprema ya se ha pronunciado a favor de la transferencia de competencias a la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires, la CGT argumenta que esta medida debilita la protección de los trabajadores y favorece a las empresas. La central sindical teme que los jueces designados en la Ciudad sean menos sensibles a los derechos laborales y más propensos a fallar en favor de los empleadores.
Además de estos planteos generales, los gremios podrán interponer recursos individuales para cuestionar la constitucionalidad de artículos específicos de la ley. Por ejemplo, podrían argumentar que la ampliación de los “servicios esenciales” y la introducción de la categoría de “servicios de importancia trascendental” limitan el derecho de huelga, al imponer porcentajes mínimos obligatorios de servicio que podrían neutralizar un paro.
Otro punto de controversia es la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por sistemas de capitalización mediante convenios colectivos, lo que podría reducir la protección de los trabajadores en caso de despido. Asimismo, el pago en cuotas de sentencias laborales y honorarios, ya cuestionado por el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, podría afectar el carácter alimentario del crédito laboral y colocar al trabajador en una situación de desventaja.
La ampliación del período de prueba, de tres a seis, ocho o doce meses según el tamaño de la empresa, también es objeto de críticas, ya que debilita la protección contra el despido y representa un retroceso en los derechos laborales. La redefinición del salario, excluyendo rubros como el aguinaldo y los beneficios no monetarios, podría reducir indirectamente la indemnización, lo que también sería cuestionado por los sindicatos.
La Corte Suprema tiene una doctrina consolidada en defensa de la integración de estos rubros en el salario, por lo que un planteo específico en un caso particular podría prosperar. La CGT y los gremios se preparan para una larga batalla legal, con la esperanza de que la Justicia declare inconstitucional la reforma laboral y proteja los derechos de los trabajadores. La confrontación entre el gobierno y la central sindical se intensifica, y el futuro del mundo laboral argentino pende de un hilo.
