Caracas, Venezuela – Más de 200 presos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros como el gendarme argentino Nahuel Gallo, han iniciado una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I, ubicada a las afueras de Caracas, en protesta por la lenta y, según denuncian, incompleta aplicación de la reciente Ley de Amnistía. La protesta, que comenzó este domingo, pone en entredicho la efectividad de la medida gubernamental y reaviva el debate sobre la existencia de presos políticos en Venezuela.
La información fue confirmada por familiares de los detenidos y difundida por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) a través de la red social X, donde publicaron un video que evidencia la huelga de hambre. Según Clipp, los presos denuncian la falta de atención médica oportuna y la persistencia de violaciones a sus derechos humanos, a pesar de la promulgación de la Ley de Amnistía.
La Ley de Amnistía, aprobada el jueves pasado, busca cubrir un amplio período que abarca desde 1999 hasta 2026, incluyendo trece coyunturas políticas específicas desde 2002. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de controversia, ya que diversas organizaciones y la oposición política señalan que excluye arrestos ocurridos en un período significativo de los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares.
El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado esta semana gracias a la Ley de Amnistía, advirtió sobre el precario estado de salud de la mayoría de los reclusos en El Rodeo I. Guanipa, colaborador cercano de la líder opositora María Corina Machado, hizo referencia a una publicación de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien confirmó que el oficial argentino se encuentra entre los participantes en la huelga de hambre.
Gómez responsabilizó directamente a las autoridades de la prisión por la salud de Gallo, detenido en diciembre de 2024, y de los demás presos. Su denuncia se suma a las crecientes preocupaciones sobre las condiciones de vida y la falta de atención médica en las cárceles venezolanas, donde la superpoblación y la escasez de recursos son problemas crónicos.
El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que se estaban llevando a cabo “cientos de liberaciones” en virtud de la Ley de Amnistía, aunque no proporcionó detalles sobre la cantidad exacta ni las identidades de los beneficiados. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque político opositor, contradijo la afirmación de Rodríguez, reportando solo 19 liberaciones confirmadas hasta el sábado por la noche. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, verificó aún menos liberaciones, contabilizando solo 16 hasta el mediodía del domingo.
Estas discrepancias en las cifras de liberaciones han generado desconfianza y escepticismo entre la oposición y las organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que la Ley de Amnistía está siendo aplicada de manera selectiva y que muchos presos políticos permanecen injustamente encarcelados.
Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la amnistía debido a las limitaciones y excepciones contenidas en la ley. La organización contabiliza más de 600 detenidos por motivos políticos que siguen tras las rejas, a pesar de la promesa de liberación.
El gobierno venezolano niega rotundamente la existencia de presos políticos en el país, argumentando que todas las personas detenidas han sido condenadas por la comisión de delitos comunes. Esta afirmación ha sido rechazada sistemáticamente por la PUD y diversas ONG, que denuncian que muchos de los detenidos son activistas políticos, periodistas, estudiantes y líderes sociales que han sido encarcelados por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación.
La huelga de hambre en El Rodeo I representa un nuevo desafío para el gobierno de Nicolás Maduro, que busca mejorar su imagen internacional y normalizar las relaciones con Estados Unidos y otros países occidentales. La situación de los presos políticos ha sido un punto de fricción constante en las negociaciones con la oposición y la comunidad internacional.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela y ha instado al gobierno a garantizar el respeto de sus derechos humanos y a liberar a todos aquellos que han sido detenidos por motivos políticos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos casos de tortura, maltrato y condiciones de detención inhumanas en las cárceles venezolanas.
La huelga de hambre en El Rodeo I podría escalar si las autoridades no responden a las demandas de los presos y no se garantiza una aplicación efectiva de la Ley de Amnistía. La situación es especialmente preocupante para los presos que se encuentran en un estado de salud precario, como el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya vida podría estar en riesgo si no recibe atención médica adecuada.
La oposición venezolana ha anunciado que seguirá presionando al gobierno para que cumpla con sus compromisos y libere a todos los presos políticos. La Plataforma Unitaria Democrática ha convocado a manifestaciones pacíficas y ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para lograr la liberación de los detenidos.
El futuro de la Ley de Amnistía y la situación de los presos políticos en Venezuela siguen siendo inciertos. La huelga de hambre en El Rodeo I es un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la importancia de defender los derechos humanos en todo momento. La comunidad internacional observa de cerca la evolución de la situación y espera que el gobierno venezolano tome medidas concretas para resolver este problema de manera justa y transparente.
