Medellín, 19 de febrero de 2026 – Un fallo judicial sin precedentes ha sacudido al sistema de salud colombiano, revelando graves fallas en la atención y el cumplimiento de órdenes judiciales. El Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín ha dictado orden de arresto contra Luis Óscar Galvis Mateus, agente interventor de la Nueva EPS, y Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente regional Noroccidente de la misma entidad, por incumplimiento de una tutela que exigía la práctica inmediata de un procedimiento cardíaco vital para Blanca Aurora Uribe de Restrepo.
El caso, que se remonta al 23 de enero de 2026, expone la angustiosa situación de la paciente, quien se encontraba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel, a la espera de un procedimiento de reemplazo de marcapasos. La tutela, amparada por el juez, ordenaba la remisión urgente de la señora Uribe de Restrepo a una institución especializada en electrofisiología para la sustitución de su marcapasos antiguo por uno bicameral, tal como lo había indicado su médico tratante. Sin embargo, transcurrió un mes sin que la orden se materializara, poniendo en grave riesgo la vida de la paciente.
La inacción de la Nueva EPS fue detectada durante la revisión del cumplimiento del fallo judicial. El despacho judicial constató que la paciente permanecía en la UCI, sin que se hubieran realizado gestiones para su traslado a un centro especializado. Ante esta situación, Mónica Isabel Restrepo, actuando como agente oficiosa de la paciente, promovió un incidente de desacato, dando inicio a un proceso que culminó con la decisión judicial de este lunes 18 de febrero.
El juez, al declarar el desacato, impuso a Galvis Mateus y Vasco Álvarez una pena de dos días de arresto, así como una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La orden judicial establece que, una vez quede en firme, se notificará a la Policía Metropolitana de Medellín para que proceda a la detención de los responsables y se inicie el proceso de cobro de la multa. Adicionalmente, el expediente será remitido al Tribunal Superior de Medellín para su revisión y posible ratificación de la sanción.
Este caso se suma a la creciente preocupación por la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud en Colombia. La reciente muerte del niño Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y falleció tras no recibir los medicamentos necesarios, ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema y ha generado una ola de indignación en la opinión pública. La situación de Blanca Aurora Uribe de Restrepo, aunque con un desenlace aún incierto, refleja una problemática similar: la burocracia, la falta de gestión y la negligencia pueden poner en peligro la vida de los pacientes.
La decisión judicial contra los directivos de la Nueva EPS no solo representa una sanción individual, sino que también plantea un debate más amplio sobre la responsabilidad de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en la garantía de los derechos fundamentales de los usuarios. La tutela, como mecanismo de protección constitucional, busca asegurar el acceso a la salud y la vida digna, pero su efectividad depende de la voluntad y la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de prestar los servicios.
El caso de la señora Uribe de Restrepo ha puesto en evidencia las inconsistencias en el manejo de la Nueva EPS, una de las empresas más importantes del sector salud en Colombia. Las críticas se centran en la falta de agilidad para gestionar el traslado de la paciente a un centro especializado, a pesar de la orden judicial. Esta demora, según denuncian los familiares y el equipo médico, podría haber agravado la condición de la paciente y puesto en riesgo su vida.
La orden de arresto contra los directivos de la Nueva EPS ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores han aplaudido la decisión judicial como un mensaje claro de que la negligencia y el incumplimiento de las órdenes judiciales no serán tolerados. Otros, sin embargo, han expresado preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la gestión de la EPS y en la atención de los usuarios.
Más allá de las controversias, el caso de Blanca Aurora Uribe de Restrepo sirve como un llamado de atención para el sistema de salud colombiano. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las EPS, garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y priorizar la atención de los pacientes, especialmente aquellos que requieren procedimientos médicos urgentes. La vida de las personas no puede ser puesta en riesgo por la burocracia o la falta de voluntad de las entidades encargadas de proteger su salud.
La Supersalud ha anunciado la apertura de inspecciones disciplinarias a la Nueva EPS, con el objetivo de investigar las causas del incumplimiento de la tutela y determinar si existen otras irregularidades en la gestión de la entidad. Se espera que estas investigaciones arrojen luz sobre las fallas del sistema y permitan implementar medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
El caso de la señora Uribe de Restrepo también ha reabierto el debate sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de salud colombiano. Muchos expertos consideran que el modelo actual, basado en la competencia entre las EPS, ha generado incentivos perversos que priorizan la rentabilidad económica sobre la calidad de la atención. Una reforma profunda, que garantice el acceso universal a la salud y fortalezca el papel del Estado como garante de los derechos fundamentales, se considera esencial para superar las deficiencias del sistema y asegurar una atención digna para todos los colombianos.
