El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha delineado un panorama ambicioso pero realista sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, revelando una inversión significativa y destacando logros concretos, al tiempo que reconoce los desafíos persistentes. En su primera audiencia pública al frente de la cartera, Cuervo enfatizó el compromiso inquebrantable del gobierno actual con la construcción de la paz, no como un ideal abstracto, sino como un proyecto tangible que se edifica “desde y con la institucionalidad, con reglas claras”.
El ministro no escatimó en cifras al detallar la inversión realizada desde la firma del acuerdo en 2016, ascendente a 137.668 millones de pesos. Esta considerable suma, según Cuervo, ha sido destinada a materializar los compromisos asumidos en el acuerdo y a sostener la política de “Paz Total” que define la agenda del gobierno. La estrategia, según el ministro, se basa en pilares fundamentales que buscan abordar las causas estructurales del conflicto y garantizar una reparación integral a las víctimas.
Uno de los ejes centrales de la implementación, según Cuervo, es la justicia transicional, que engloba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El ministro destacó la creación de una bolsa de recursos para proyectos restaurativos, destinados a reparar a las víctimas y promover la reconciliación. Asimismo, resaltó la importancia de la Ley de Mujeres Buscadoras, que busca facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una iniciativa crucial para dar cierre a uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.
En el ámbito de la política criminal, Cuervo presentó un balance positivo, señalando que 63 de las 123 acciones bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia alcanzan un avance del 73,62%. Calificó este resultado como “concreto”, lo que sugiere un progreso tangible en la implementación de las medidas de desmovilización, desarme y reintegración de los excombatientes.
Un logro específico que el ministro Cuervo destacó fue la implementación de la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública. Esta legislación permite a las mujeres cabeza de familia condenadas por delitos de menor impacto sustituir la pena de prisión por servicios comunitarios, una medida que busca aliviar la carga sobre el sistema penitenciario y brindar oportunidades de rehabilitación a mujeres en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, se han habilitado más de 2.000 plazas bajo esta ley, respaldadas por un sistema robusto de supervisión territorial.
El ministro también enfatizó el enfoque del gobierno en garantizar el acceso a la justicia en los territorios más afectados por el conflicto, prestando especial atención a las necesidades de grupos históricamente marginados, como mujeres, personas de la comunidad Lgtbiq+, lideresas sociales y comunidades étnicas e indígenas. Se busca acortar las brechas históricas en el acceso a la justicia y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición, puedan ejercer plenamente sus derechos.
En materia de políticas de drogas, Cuervo anunció una nueva estrategia que combina el control del narcotráfico con la sustitución de cultivos ilícitos, el enfoque en la salud pública y el fortalecimiento institucional. El objetivo es cortar las cadenas del narcotráfico y ofrecer alternativas de desarrollo sostenible a las comunidades afectadas por este flagelo.
La audiencia pública contó con la participación de diversos actores clave en la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo a la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, quien hizo un llamado a las entidades del Estado para construir una política integral en su área. También estuvieron presentes representantes del Instituto Kroc, la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, quienes instaron a la aprobación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, un componente esencial de la reforma rural integral, el primer punto del acuerdo de paz.
Si bien la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria fue aprobada en 2024, su plena implementación depende de la aprobación de la ley ordinaria que establecerá las reglas de funcionamiento. Se espera que esta ley sea debatida y aprobada en los próximos meses en el Congreso.
Cuervo también hizo referencia a los avances logrados en la modernización del sistema penitenciario, la atención de violencias de género y la lucha contra la corrupción penitenciaria. En este último aspecto, el ministro destacó la implementación de medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las cárceles del país.
Finalmente, el ministro de Justicia envió un mensaje al próximo gobierno que asumirá el poder en agosto de 2026, destacando los retos que tendrá que afrontar para continuar implementando el Acuerdo de Paz. Cuervo instó al nuevo gobierno a mantener el compromiso con la paz y a seguir trabajando en la construcción de un país más justo, equitativo y reconciliado. La implementación del Acuerdo de Paz, según el ministro, es un proceso complejo y de largo aliento que requiere la participación de todos los actores de la sociedad. La continuidad de las políticas y la inversión en los programas existentes son fundamentales para garantizar el éxito de este proyecto transformador.
