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La promesa de campaña del presidente Rodrigo Paz de distribuir los recursos fiscales en un 50% para el gobierno central y un 50% para las regiones se encuentra en riesgo tras las controvertidas declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre la necesidad de “corresponsabilidad” en la asignación de fondos. Sus palabras han desatado una tormenta política, generando fuertes críticas de líderes regionales y poniendo en duda el compromiso del gobierno con la autonomía departamental.
Las declaraciones de Barrientos, realizadas durante una entrevista con el periódico El Deber el pasado jueves, sugieren que la asignación del 50% a las regiones no sería un traspaso automático de recursos, sino que estaría condicionada a un acuerdo de “corresponsabilidad” con el gobierno central. “¿Qué piensan los candidatos que es el 50/50? Que nosotros vamos a agarrar y les vamos a decir: toma el 50% de la plata y tú hazte cargo. No funciona así, tiene que funcionar el ejercicio de corresponsabilidad”, afirmó la viceministra.
Esta interpretación del 50/50 ha sido recibida con indignación por parte de las autoridades y candidatos de Santa Cruz, quienes ven en las palabras de Barrientos un intento de revivir viejas prácticas centralistas y socavar la autonomía regional. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue uno de los primeros en reaccionar, acusando a la viceministra de evocar “lo peor de la burocracia centralista”. Camacho enfatizó que el 50/50 es una “exigencia histórica” de su departamento y una promesa de campaña del actual gobierno, que debe cumplirse “sin pretextos ni reinterpretaciones” como parte de un pacto fiscal justo y equitativo.
El senador Branko Marinkovic fue aún más contundente, llegando a pedir el cierre del Viceministerio de Autonomías, al que acusó de ser un instrumento de control centralista que obstaculiza la gestión local. “Si somos un Estado autonómico, no puede existir una oficina central diciendo cómo ejercer la autonomía. Autonomía es que nosotros decidamos qué hacer con nuestra plata, en nuestros departamentos y municipios, según nuestras propias prioridades”, declaró Marinkovic. El senador abogó por una autonomía “real” basada en la “gestión directa”, los “recursos en el territorio” y la “libertad para decidir nuestro propio futuro”.
Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz, también se sumó a las críticas, cuestionando la lógica de condicionar los recursos que “nos corresponden”. Velasco sugirió que el presidente Paz “no está muy bien rodeado” y que necesita rodearse de asesores que comprendan la importancia de la autonomía regional.
Ante la creciente ola de críticas, la viceministra Barrientos se vio obligada a retractarse y admitir que cometió un “error de comunicación”. En un intento por apaciguar los ánimos, Barrientos aseguró que cree en el desarrollo de las regiones y que está trabajando para alcanzar un “pacto fiscal” que garantice el 50/50. La viceministra insistió en que la autonomía “jamás puede ser un ejercicio que vaya de arriba hacia abajo, sino que debe ser un ejercicio horizontal de corresponsabilidad entre el estado central y las regiones”.
Sin embargo, sus explicaciones no han logrado disipar las dudas y el malestar generado por sus declaraciones iniciales. La oposición continúa exigiendo garantías de que el gobierno cumplirá su promesa de campaña y respetará la autonomía regional. La discusión sobre el 50/50 se ha convertido en un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y las regiones, y su resolución será crucial para la estabilidad política y económica del país.
El concepto de “corresponsabilidad” propuesto por Barrientos ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos analistas sugieren que podría implicar la necesidad de que las regiones presenten planes de desarrollo detallados y transparentes, con indicadores claros de desempeño, para acceder a los fondos del 50%. Otros temen que se trate de una excusa para mantener el control centralizado sobre la asignación de recursos y limitar la capacidad de las regiones para tomar decisiones autónomas.
La falta de claridad en la definición de “corresponsabilidad” ha alimentado la desconfianza y la incertidumbre, y ha puesto en peligro el avance de las negociaciones para un pacto fiscal integral. Las regiones exigen que se establezcan criterios objetivos y transparentes para la asignación de recursos, y que se garantice su participación en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos.
El presidente Paz se encuentra ahora en una posición delicada. Debe equilibrar las demandas de las regiones con la necesidad de mantener el control fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El futuro del 50/50 y la autonomía regional dependen de su capacidad para encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes involucradas. La presión sobre el gobierno es alta, y cualquier error podría desencadenar una crisis política de gran magnitud. La próxima semana se espera una reunión entre el presidente Paz y los gobernadores regionales para intentar desbloquear las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que garantice la estabilidad y el desarrollo del país.
