El Gobierno boliviano investiga a una representante legal de una empresa peruana y a tres exinterventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.) por la compra fraudulenta de 3.024 tuberías chinas defectuosas, un negocio que ascendió a 14,3 millones de bolivianos. La investigación revela un entramado de irregularidades, negligencia y posible corrupción que pone en riesgo el suministro de agua potable a la zona Sur de La Paz.
La ampliación de la investigación, confirmada por el fiscal Coordinador Contra Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, David Torrez, se centra en Ana Rosa Pimentel, representante de la Sociedad Comercial La Llave S. A., y en Bladimir Iraízos, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, exinterventores de Epsas S. A. Estos últimos ejercieron sus funciones entre 2021 y 2024, representando a la empresa intervenida por el gobierno del MAS desde 2013.
Los implicados son acusados de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a pesar de las objeciones de la defensa de Iraízos, quien argumenta que estos delitos solo aplican a empleados gubernamentales. El daño económico al Estado se estima en 14,3 millones de bolivianos, de los cuales ya se habría cancelado el 70% por un material que actualmente se encuentra abandonado en las instalaciones de Epsas S. A.
“Se han entregado recursos y se causó un daño económico, se ha jugado con la necesidad de contar con agua potable en las zonas de la ciudad de La Paz”, declaró el abogado del Ministerio de Desarrollo Productivo, Aldo Ortiz, durante una reciente audiencia judicial.
La detención preventiva de Bladimir Iraízos, ordenada por el juez Elmer Laura del Juzgado 12 Anticorrupción de La Paz, se produjo tras varias inasistencias injustificadas a las citaciones de la Fiscalía. Iraízos permanecerá seis meses en el penal de San Pedro mientras se continúan las investigaciones.
En cuanto a Gutiérrez y Ayala, se desconoce si ya han prestado su declaración informativa. Sin embargo, el fiscal Fernando Espinoza informó al juez que aún quedan por tomar declaraciones a al menos 17 trabajadores de Epsas S. A., así como realizar una inspección exhaustiva de las oficinas de la empresa y un peritaje informático al celular corporativo utilizado por Iraízos.
Pimentel, en representación de La Llave S. A., firmó un contrato con Epsas S. A. en junio de 2022 para la venta de las 3.024 tuberías de acero de 76 centímetros de diámetro. Los intentos de EL DEBER por contactar a Pimentel a través del número de teléfono proporcionado en el contrato fueron infructuosos. Un representante de la empresa peruana, con oficinas en Santa Cruz, se excusó alegando desconocimiento del tema legal y solicitó que las consultas se dirigieran a las oficinas centrales, sin obtener respuesta.
Las tuberías, de diferentes espesores y longitudes, estaban destinadas a reemplazar el sistema de conexiones que suministra agua a las zonas Valle de las Flores y Callapa, áreas afectadas por un megadeslizamiento en febrero de 2011 que dejó centenares de casas destruidas y miles de damnificados. El evento, exacerbado por las lluvias y el mal estado del alcantarillado, también dañó el sistema de tuberías de alta presión que abastece de agua a más de 300.000 habitantes de la zona Sur de La Paz.
Un requisito fundamental del contrato era que las tuberías contaran con un revestimiento interno especial, esencial para el transporte de agua potable. Sin embargo, esta cláusula fue incumplida, lo que desencadenó la investigación. Las tuberías provisionales instaladas en 2011 por YPFB, que aún se utilizan en Valle de las Flores y Callapa, debían haber sido reemplazadas en 2013.
José María Herbas, consultor y experto en temas de agua y saneamiento, fue quien inicialmente denunció este y otros casos de corrupción en Epsas S. A., los cuales aún no han sido esclarecidos a pesar del cambio de gobierno. Herbas sostiene que durante todo el periodo de intervención, la empresa fue utilizada como “botín político” por dirigentes afines al MAS, incluyendo a miembros de la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, quienes tenían afiliados en las planillas de Epsas S. A.
Paralelamente al proceso penal, la empresa La Llave S. A. ha presentado un recurso civil exigiendo a Epsas S. A. el pago total de los 14,3 millones de bolivianos, argumentando que no se realizaron objeciones a las tuberías al momento de su entrega entre junio y julio de 2023.
Herbas detalla que Iraízos inició el proceso de licitación, el cual fue anulado en dos ocasiones y finalmente adjudicado a La Llave S. A. mediante invitación directa el 13 de junio de 2022. Señala que Epsas S. A. aceptó, sin objeciones, el aumento del precio de los productos de 10 millones a 14,3 millones de bolivianos, y que La Llave S. A. entregó proformas anticipando estos cambios.
La Fiscalía acusa a Gutiérrez y Ayala de conocer la falta de revestimiento interno en las tuberías, pero aun así autorizaron los pagos y continuaron con la recepción del material, incurriendo en “silencios administrativos” que beneficiaron a La Llave S. A.
La denuncia penal fue presentada el 17 de noviembre de 2025 por Pedro Flores, entonces interventor representante de la dirigencia de El Alto. El actual interventor de Epsas S. A., Edgar Landívar, exfuncionario de la Gobernación de Santa Cruz, aún no ha definido su postura ante el caso.
Herbas considera que la denuncia penal es insuficiente y que Flores también debería ser procesado. Además, propone ampliar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas y solicitar la anotación preventiva de los bienes de todos los involucrados, dada la gravedad del caso. La situación plantea serias interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en la contratación de servicios esenciales para la población de La Paz.
