Una jueza federal de Estados Unidos ha emitido una orden temporal este sábado por la noche para detener el plan impulsado por el presidente Donald Trump de renovar un campo de golf municipal en Washington. La resolución judicial exige que el Gobierno mantenga el recinto abierto al público, bloqueando así la decisión de la administración de cerrarlo el domingo para dar inicio a las obras de remodelación.
La jueza de distrito Ana C. Reyes fundamentó su decisión señalando que el intento del Gobierno de transformar el East Potomac Golf Links en un campo de campeonato, según los deseos del presidente, probablemente violaba la legislación ambiental vigente. Asimismo, la magistrada determinó que el Ejecutivo incumplió los requisitos de procedimiento obligatorios para este tipo de actuaciones. Este proyecto de remodelación se enmarca dentro de una serie de obras de construcción que el presidente Trump ha promovido con el objetivo de transformar la capital estadounidense a su gusto y consolidar un legado arquitectónico y recreativo.
Durante el proceso legal, el Departamento de Justicia argumentó que el cierre programado para el 15 de noviembre respondía estrictamente a razones de seguridad. Sin embargo, la jueza Reyes rechazó estas aseveraciones, calificando los argumentos gubernamentales como un “pretexto”. En su fallo, la jueza enfatizó que el Gobierno pretendía cerrar de manera indefinida un parque histórico que es disfrutado diariamente por habitantes de Washington de diversas condiciones sociales y económicas. Según la resolución, el cierre inmediato causaría un “daño irreparable” tanto a los golfistas particulares como a los defensores de la preservación del parque que interpusieron la demanda.
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Justicia emitió un comunicado asegurando que continuará defendiendo “enérgicamente” la agenda del Gobierno de Trump ante los tribunales. Un portavoz del departamento declaró a CNN que el tribunal ha reconocido la facultad del Servicio de Parques Nacionales para limitar el acceso a sus instalaciones cuando exista un riesgo de daño para el público. No obstante, el portavoz subrayó que la orden judicial no impide que el Gobierno continúe con la planificación técnica para convertir el espacio en un campo de golf de primer nivel mundial.
Este conflicto es el episodio más reciente de una disputa prolongada durante meses entre la jueza Reyes y la administración Trump. La tensión ha escalado al punto de que el presidente ha utilizado sus redes sociales para desacreditar a la jueza, mientras que Reyes ha sugerido en audiencias que los abogados del Gobierno podrían haber intentado engañarla. El Departamento de Justicia incluso intentó, sin éxito, apartar a la jueza del caso. La demanda original fue impulsada por golfistas y grupos de preservación ambiental, quienes argumentan que la modificación del campo infringiría normas ambientales federales y restringiría el acceso público al espacio.
El interés de Trump por el campo municipal se hizo público en mayo, cuando propuso hacerse cargo de las instalaciones y ampliarlas. Poco después, el mandatario recorrió el lugar acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, y el reconocido diseñador de campos de golf Tom Fazio, quien ha trabajado previamente en varios de los campos privados del presidente. Aunque inicialmente se había anunciado que las obras comenzarían el 1 de septiembre, lo que aceleró la batalla legal, el proyecto siguió siendo promovido por el presidente.
Incluso este sábado, Trump publicó fotografías de lo que él denomina “Trash Island” (isla de la Basura) para justificar la necesidad de la obra. A través de sus redes sociales, el presidente criticó la decisión judicial, afirmando que la jueza Reyes no desea que el campo se arregle de forma rápida y económica. Trump también insistió en que el estado actual del campo es peligroso debido a que las calles están demasiado cerca unas de otras, mencionando que en los senderos de la isla lo único que se escucha es a la gente gritando “¡Fore!”, el aviso estándar en el golf para alertar que una pelota puede golpear a alguien.
La frustración de la jueza Reyes con la gestión del Gobierno se ha manifestado en ocasiones anteriores. En octubre, la magistrada prohibió la tala de árboles e impuso nuevos requisitos de notificación tras la retirada de más de 400 ejemplares con un aviso previo insuficiente. En aquella ocasión, Reyes expresó sentirse “decepcionada” con el Gobierno, más allá de estar molesta o furiosa. A pesar de que el Gobierno sostuvo que la tala de árboles no estaba relacionada con la renovación deseada por Trump, la jueza manifestó su escepticismo y cuestionó abiertamente si había sido engañada respecto a los planes y plazos del proyecto.
El núcleo jurídico del fallo actual se centra en que el Servicio de Parques Nacionales omitió pasos legales esenciales, como informar al público sobre el plan y solicitar sus comentarios. La jueza Reyes fue tajante al escribir que los procedimientos de consulta pública no son impracticables solo porque el Servicio de Parques Nacionales desee complacer la voluntad del presidente Trump de cerrar el parque el 15 de noviembre.
Aunque este caso es menor en escala comparado con otras disputas judiciales del Gobierno, refleja una tendencia de resistencia administrativa a cumplir órdenes judiciales. Otros proyectos similares del presidente, como la propuesta de cambiar el nombre del Kennedy Center, la construcción de un salón de baile y la erección de un arco de triunfo a orillas del Potomac, también enfrentan actualmente impugnaciones en los tribunales.
