Una auditoría forense realizada al interior de Ecopetrol ha puesto al descubierto un complejo entramado de presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la administración del gobierno de Gustavo Petro. El documento, impulsado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva bajo la gestión de Luis Felipe Henao, recopila un total de 34 casos relacionados con denuncias y hallazgos sobre anomalías en contratos, nombramientos y diversos negocios de la empresa petrolera y sus filiales.
Las investigaciones, que abarcan ámbitos penales, administrativos y fiscales, buscan esclarecer el papel desempeñado por directivos y personas cercanas al entorno presidencial. Entre los nombres que figuran en los expedientes se encuentran el entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su pareja sentimental, Julián Caicedo, y la ex primera dama, Verónica Alcocer, junto a personas vinculadas a su círculo cercano. Toda la documentación ha sido remitida a la delegada de la Contraloría General de la República para el Sector Minas y Energía para su respectivo análisis.
El alcance de las presuntas anomalías se extiende a filiales estratégicas de la compañía, tales como Cenit, el Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), el Oleoducto de Colombia (ODC) e Internexa. Uno de los puntos más críticos del informe se centra en el entorno de Verónica Alcocer, quien ha sido señalada por su excolaboradora, Eva Ferrer, de poseer vínculos con actividades ilícitas. En los expedientes aparecen mencionados empresarios como el catalán Manel Grau, los italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, además de Danilo Romero, quien ha sido señalado como presunto testaferro de la ex primera dama.
Dentro de los casos específicos, la auditoría detalla una denuncia sobre presuntas ventas dirigidas de petróleo de Ecopetrol hacia compradores en África. En esta operación estarían involucrados Manel Grau, Fabio Mascialino y Julián Caicedo. Según la denuncia, la comercializadora turca BGN habría obtenido exclusividad para operar en dicho mercado. Asimismo, se menciona que Julio César Herrera, ex vicepresidente comercial de la petrolera, habría participado en las negociaciones y recibido un porcentaje de las ventas a una refinería del continente, negocio que presuntamente terminó debido a discrepancias en la distribución de los beneficios.
Otro aspecto bajo investigación es la situación patrimonial de Felipe Trujillo, ex vicepresidente comercial de Ecopetrol. El expediente señala que Trujillo posee 16 inmuebles en Estados Unidos con un valor superior a los 2,5 millones de dólares, y las autoridades intentan determinar si estas propiedades tienen un origen ilícito, relacionándolo además con acercamientos a Grau, Romagnoli y Mascialino.
En materia de infraestructura y construcción, la auditoría pone la lupa sobre la empresa huilense Metalpar. El organismo busca entender cómo un contrato que inicialmente estaba tasado en 54.000 millones de pesos alcanzó un valor final de 240.273 millones, lo que representa un incremento aproximado del 345 %. De manera similar, se cuestionan los contratos de servicios de helicópteros con las empresas Helicol y Helistar por un monto de 100 millones de dólares durante cinco años, indagando si hubo favorecimientos a Helistar bajo la influencia de Manel Grau.
El informe también detalla irregularidades en contratos con la empresa de ingeniería Ismocol y la filial Cenit. Se revisa una reclamación por pagos adicionales en un contrato que supera los 1,4 billones de pesos, donde un borrador cuantificaba la reclamación en 178.775 millones de pesos y mencionaba una presunta comisión del 30 %. En este caso aparecen vinculados Danilo Romero, Julián Caicedo y el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Adicionalmente, se investigan contratos de mantenimiento de infraestructura adjudicados a Ismocol, Termotécnica y Metalpar por un valor conjunto cercano a los 2,3 billones de pesos, buscando establecer si existió la entrega de dádivas a Ricardo Roa, Julián Caicedo y Danilo Romero.
Finalmente, la auditoría aborda el tema de la compra de energía y posibles sobrecostos. Se menciona a Bayron Triana, ex vicepresidente de Energías para la Transición, quien habría intervenido en compras a precios elevados para que excedentes regresaran a terceros mediante pagos de consultoría. Un ejemplo citado es el de BTG Pactual, que suministró el 16,3 % de la energía revisada pero recibió el 37,3 % del valor pagado, lo que habría impedido un ahorro de entre 23.000 y 26.000 millones de pesos. En el área de talento humano, se cuestiona la vinculación en ODL de Leandro Hermosa Cano y Liliana Arias Cano, ambos familiares de Julián Caicedo, señalando que el primero no cumpliría con el perfil ni la experiencia requerida para su cargo.
