La comunidad internacional se prepara para afrontar uno de los debates más complejos y urgentes en materia de seguridad y ética global. La próxima semana, en Ginebra, se llevará a cabo la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC), donde 128 Estados deberán decidir si se abren las negociaciones para crear un instrumento jurídicamente vinculante que regule o prohíba los sistemas de armas autónomas (SALA).
Estos sistemas, conocidos popularmente como “robots asesinos”, poseen la capacidad de elegir y atacar objetivos sin necesidad de intervención o control humano. La preocupación central radica en que la inteligencia artificial, que impulsa estas tecnologías, puede operar fuera de sus prerrogativas establecidas. Laurent Gisel, jefe de la Unidad de Armas y Conducción de las Hostilidades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha advertido que los avances en IA han hecho que la necesidad de regular estas armas sea urgente, debido a que los agentes de IA pueden sobrepasar los límites asignados.
La presión por establecer normas estrictas no es nueva. La coalición mundial “Stop Killer Robots”, compuesta por más de 300 organizaciones, reclama la implementación de normas vinculantes desde el año 2013. El riesgo no es solo teórico; la tecnología que permite automatizar funciones militares ya está desplegada en campos de batalla activos, específicamente en Oriente Medio y Ucrania. Además, la coalición advierte que, al ser relativamente baratas de fabricar, estas armas pueden multiplicarse rápidamente, aumentando la probabilidad de ataques indiscriminados y eliminando la responsabilidad humana en la toma de decisiones letales.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el margen de error de la IA es inaceptable en el contexto bélico. Mary Wareham, representante de la organización Human Rights Watch, sostiene que, si bien la sociedad tolera errores tecnológicos en la vida cotidiana, en un campo de batalla un fallo técnico se traduce en una cuestión de vida o muerte. En sintonía con esto, Izumi Nakamitsu, alta representante de la ONU para el desarme, ha calificado como “moralmente repugnante” el hecho de que una máquina tenga la capacidad de decidir quitar una vida humana, subrayando la urgencia de regular la IA militar para evitar impactos imprevisibles sobre la población.
El panorama diplomático se muestra profundamente dividido. Por un lado, existe una mayoría considerable a favor de normas vinculantes. A principios de septiembre, Brasil, actuando en nombre de 47 Estados, y Argelia, representando a los países africanos, hicieron llamamientos formales en este sentido. Posteriormente, el 22 de octubre, Francia y otros 49 países calificaron como “urgente” el establecimiento de un control humano sobre el uso de la fuerza. Esta tendencia se consolidó el 29 de octubre, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, con el voto a favor de 163 Estados, instando a negociar normas sobre estas armas.
Sin embargo, un grupo reducido de potencias se opone frontalmente. Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte y Bielorrusia votaron en contra de dicha resolución. Por su parte, China, Irán y Arabia Saudita se abstuvieron. El caso de China es particularmente complejo; según Laure de Roucy-Rochegonde, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), el país mantiene una “ambigüedad calculada”, declarándose a favor de un instrumento vinculante solo “cuando las condiciones hayan madurado”.
Las discrepancias también se extienden a los plazos y la naturaleza de la regulación. Mientras que el CICR y diversas oenegés exigen un plazo de un año para concretar las normas, Washington propuso a principios de octubre un proceso de cinco años para elaborar un instrumento que no sea vinculante.
El CICR ha sido específico sobre qué debería prohibirse: primero, las “armas autónomas imprevisibles”, cuyos efectos no pueden controlarse o preverse adecuadamente; y segundo, las “armas autónomas antipersonales”, diseñadas específicamente para atacar seres humanos. Esta postura es respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, quienes ya habían pedido la prohibición de estas armas antes de 2026, contando además con el apoyo del papa León XIV.
A pesar del respaldo mayoritario, el camino hacia un acuerdo en Ginebra parece difícil debido a que la CCAC decide por consenso. Beatrice Fihn, exdirectora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) y Premio Nobel de la Paz, considera que se necesitaría un “milagro” para alcanzar un acuerdo sobre la apertura de negociaciones. A esto se suma que Rusia ha iniciado una batalla procesal para evitar que la Unión Europea denuncie la guerra en Ucrania durante la conferencia, lo que podría entorpecer el desarrollo del evento. Ante este escenario, las organizaciones no gubernamentales sugieren trasladar la vía de resolución a la Asamblea General de la ONU, donde las decisiones se toman por mayoría y no por consenso.
