La reciente operación militar y policial llevada a cabo el pasado jueves para recuperar el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, ha puesto de relieve la extrema complejidad del escenario de seguridad en Haití. En dicha intervención participaron conjuntamente la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo el control del Gobierno y militares procedentes de El Salvador. Este despliegue evidencia la fragmentada estructura de combate en el país caribeño, donde actualmente cinco fuerzas distintas se enfrentan a las bandas armadas que dominan gran parte del territorio.
El control territorial de las pandillas es extenso. Según el último informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), publicado el miércoles, los grupos armados no solo dominan zonas estratégicas de Puerto Príncipe, sino que también mantienen su control en áreas al este y al sur de la capital, así como en el departamento de Artibonito.
Entre las organizaciones criminales destaca Viv Ansanm, la principal coalición del país, creada en 2024 por Jimmy Chérizier, conocido como "Barbecue". Esta alianza reúne a nueve grupos pertenecientes a la banda G9 y sus aliados, integrando además a miembros de la coalición rival G-Pep, grupos que durante años habían mantenido enfrentamientos por el control territorial. De acuerdo con el International Crisis Group, Viv Ansanm posee un poderío militar muy superior al de cualquier otra banda en Haití, con una fuerza estimada de entre 12.000 y 20.000 miembros, de los cuales 3.000 cuentan con armamento pesado.
Por otro lado, en el departamento de Artibonito, al norte de la capital, predomina la banda Gran Grif. Según datos de la ONU, este grupo fue responsable del 80 % de las muertes de civiles en esa demarcación desde el año 2022 hasta julio de 2025. Debido a su peligrosidad, tanto Viv Ansanm como Gran Grif fueron designadas como organizaciones terroristas en mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para contrarrestar esta amenaza, el Gobierno haitiano ha implementado diversas estrategias de fortalecimiento de seguridad. A principios de 2025 se lanzó el programa "P4.000", cuyo objetivo es incorporar 4.000 nuevos agentes en un lapso de 18 meses, que se sumarían a los 13.000 policías que ya integran la PNH. Esta fuerza ha ejecutado operativos directos, como el ocurrido el 6 de noviembre en la comuna de Cité Soleil, donde un ataque con drones terminó con la vida de Mathias Sainthil, jefe de la banda Boston.
Paralelamente, las Fuerzas Armadas de Haití (Fad'h), que actualmente cuentan con 1.400 miembros, tienen proyectada la incorporación de 15.000 nuevos integrantes en los próximos tres años. El Ejército mantiene tres operaciones activas: una de consolidación de seguridad en el centro de Puerto Príncipe, otra para asegurar el aeropuerto Touissaint Louverture y una tercera en el departamento de Artibonito.
A nivel internacional, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, busca alcanzar un contingente de 5.500 efectivos. Actualmente, cuenta con 2.181 integrantes, incluyendo tropas de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, El Salvador y Bangladesh.
La intervención salvadoreña ha sido particularmente activa. El presidente Nayib Bukele envió más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe con el fin de localizar a cuatro militares salvadoreños de la GSF, desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets. En este contexto, Bukele informó recientemente sobre la destrucción de la casa del líder Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou", sede de la banda 400 Mawozo, mediante un ataque aéreo con helicóptero. Asimismo, las tropas salvadoreñas operaron en la llanura de Cul-de-Sac para desmantelar a las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo.
Finalmente, la seguridad haitiana ha recurrido a servicios privados. En marzo de 2025, el Gobierno contrató a Vectus Global, empresa militar privada fundada por Eric Prince, contando con una licencia de exportación de servicios de defensa otorgada por el Departamento de Estado de EE.UU. Según Human Rights Watch, entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, se llevaron a cabo 141 operaciones con drones apoyadas por Vectus Global y un grupo de trabajo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, resultando en la muerte de al menos 1.243 personas.
