El Gobierno de Donald Trump ha hecho público un balance detallado sobre la gestión de los fondos derivados de la venta de petróleo y otras exportaciones de Venezuela. Esta apertura informativa ocurre tras el arresto del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, evento que marcó el inicio del control político y financiero del país por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con un informe emitido este jueves por el Departamento de Estado, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, Estados Unidos recibió depósitos que superan los 12.000 millones de dólares. Estos ingresos provienen de la comercialización de petróleo, oro, fertilizantes y diversas exportaciones. El flujo de dinero se organizó inicialmente en una cuenta a nombre del Banco Central de Venezuela (BCV) en el Banco Nacional de Qatar y, posteriormente, desde finales de enero, se trasladó a la Cuenta de Custodia de Venezuela, administrada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El documento, elaborado por la firma contable KPMG, especifica que la Cuenta de Custodia de Venezuela recibió un total superior a los 12.260 millones de dólares, provenientes de entidades verificadas y aprobadas. De esa cifra, 12.110 millones de dólares, que representan el 98,7% del total, ya han sido desembolsados al Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien fungió como vicepresidenta de Nicolás Maduro y actualmente es una colaboradora estrecha de la Administración de Donald Trump. Al cierre del reporte, el 30 de septiembre de 2026, permanecían bajo custodia 168,56 millones de dólares destinados a futuros pagos autorizados.
La Casa Blanca ha defendido este manejo basándose en una “estructura de gobernanza controlada”, diseñada presuntamente para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los activos soberanos de Venezuela. No obstante, la versión pública del reporte omitió la identidad de las 20 empresas responsables de las compras de recursos naturales. A pesar de esto, un avance publicado por The New York Times reveló que las multinacionales Vitol y Trafigura fueron responsables del 61% de los depósitos. Según reportes de medios estadounidenses y la agencia Reuters, estas empresas obtuvieron derechos exclusivos de venta tras negociaciones que habrían contado con la participación del vicepresidente J.D. Vance, incluso días antes de la intervención estadounidense.
En cuanto a Chevron, la mayor generadora de crudo, el informe no aclara si sus aportes están incluidos en el balance general, debido a que la empresa opera bajo la Licencia 41, que le permite cobrarse directamente deudas y dividendos pendientes de PDVSA.
Esta cifra de ingresos ha generado dudas entre especialistas. El economista venezolano José Guerra señaló a EL PAÍS que los datos de KPMG no parecen consistentes con las estadísticas del BCV. Según Guerra, la balanza de pagos del primer trimestre de 2026 refleja 5.400 millones de dólares, lo que representa el 45% de los ingresos totales evaluados por KPMG en tres trimestres. El economista argumenta que, dado que la producción aumentó y se firmaron nuevos acuerdos petroleros después del primer trimestre, los ingresos deberían haber sido significativamente mayores.
El contexto actual contrasta con la situación previa a 2025, periodo en el cual Venezuela dependía de una economía subterránea para vender su crudo debido a las sanciones del Tesoro. En aquel entonces, la arquitectura financiera diseñada por Delcy Rodríguez utilizaba buques fantasmas y transacciones en criptomonedas, específicamente el ecosistema USDT o dólar digital.
En paralelo, la industria petrolera ha mostrado una recuperación gradual. Tras alcanzar un mínimo crítico de 400.000 barriles diarios en 2020, la producción ha ascendido hasta alcanzar los 1,1 millones de barriles actuales, aunque sigue lejos de los 3,2 millones que producía en el pasado. Bajo el esquema actual, los ingresos se depositan en la Cuenta de Custodia y el Gobierno interino debe solicitar autorización a Washington, justificando el destino de los fondos y su contribución al Estado.
Sobre el uso del dinero, el reporte indica que la mayoría se transfirió a particulares y empresas venezolanas mediante cambios de divisas en la banca comercial. Otros 133 millones de dólares se usaron para suministros y servicios. Entre los pagos específicos destacan 18 millones de dólares para maquinaria de PDVSA y minería, 166.000 dólares para remodelar la Misión Permanente de Venezuela en la ONU, 5 millones de dólares en honorarios para la firma de abogados Greenberg Traurig LLP y 11 millones de dólares en equipos médicos.
Finalmente, el Gobierno de Delcy Rodríguez actualizó el portal "Transparencia Soberana", plataforma que había permanecido congelada desde marzo y que inicialmente solo mostraba un gasto total de 300 millones de dólares sin detalles. En la nueva actualización, Rodríguez reportó ingresos por 15.306 millones de dólares y egresos por 14.860 millones entre enero y noviembre. Aunque las cifras coinciden en enero y febrero, existen discrepancias en abril, mayo, junio y julio respecto a la auditoría de KPMG. Los gastos reportados por el gobierno interino se limitan genéricamente a funcionamiento gubernamental y salarios de empleados públicos y pensionados.
