La estrategia comunicativa implementada por Morena para distanciarse del escándalo de corrupción que envuelve a Guadalupe Taddei ha generado una fuerte reacción entre exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE). Diversos exconsejeros electorales, consultados por EL UNIVERSAL, han calificado como un error gubernamental y partidista el intento de responsabilizar a administraciones pasadas por los problemas actuales del organismo autónomo, señalando que esta narrativa no solo es ineficaz, sino que representa un riesgo para la democracia.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que el recurso de culpar al pasado es una herramienta recurrente del gobierno actual, la cual ya ha sido aplicada en sectores críticos como la salud y la seguridad. Según Ugalde, el objetivo es construir la percepción de que el problema no radica en la gestión de Taddei, sino en una supuesta "mafia electoral" instaurada desde la década de los 80. Para el exfuncionario, esta postura busca transmitir la idea de que la administración presente heredó una estructura corrupta y que, por ende, está "pagando los platos rotos" de errores ajenos, intentando que dicha versión sea la que prevalezca en la opinión pública.
Por su parte, José Woldenberg, quien también fungió como consejero presidente del IFE, manifestó su preocupación ante el hecho de que esta campaña de desprestigio provenga o cuente con el aval de la Presidencia de la República, siendo propagada por Morena y sus representantes en el Congreso. Woldenberg afirmó que este esfuerzo por degradar a otros miembros del órgano autónomo termina degradando a los propios emisores y deteriorando el ambiente político general del país. Asimismo, calificó la estrategia como una "narrativa hechiza" diseñada para imponer una realidad distorsionada.
Woldenberg advirtió que este ataque no solo afecta la imagen pública de exconsejeros como Lorenzo Córdova o el propio Luis Carlos Ugalde —quienes han sido señalados como responsables de que Taddei fuera corrompida por proveedores del instituto—, sino que impacta directamente la reputación del organismo. Subrayó que se está tratando a exfuncionarios como criminales, a pesar de que su gestión honesta permitió que el instituto fuera reconocido mundialmente como una institución ejemplar.
Desde una perspectiva más profunda, Luis Carlos Ugalde sostuvo que estos esfuerzos van más allá de un simple deslinde político. A su juicio, esta narrativa es la antesala de un plan para desaparecer el organismo autónomo en su forma actual. Ugalde comparó esta táctica con la estrategia implementada respecto al Poder Judicial, sugiriendo que si se logra instalar la idea de que el INE es un ente intrínsecamente corrupto, la solución lógica propuesta sería su eliminación. Advirtió que, en lugar de reparar el daño institucional, se busca multiplicarlo para salvar una narrativa política que justifique una reforma electoral radical.
En sintonía con este análisis, María Marván, exconsejera del IFE, afirmó que Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación han dedicado los últimos ocho años a buscar medios para desacreditar al INE. Según Marván, el fin último es justificar una reforma electoral que elimine el funcionamiento actual del instituto. Calificó estas acciones como un "juego muy peligroso" que no solo afecta a la ciudadanía, sino a la propia fuerza política, al contribuir al debilitamiento de la República y de sus instituciones fundamentales.
Finalmente, Benito Nacif, exconsejero electoral, describió la narrativa oficial como una "cortina de humo" destinada a desviar la atención de los problemas presentes hacia cuestiones del pasado que ya fueron resueltas o que carecen de fundamento. Nacif enfatizó que las acusaciones contra los exconsejeros no tienen sustento técnico. Explicó que, tras la reforma de 2014, el INE estableció procedimientos estrictos para el nombramiento de los titulares de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), diseñados específicamente para evitar que se asignen cargos por cuotas o cercanías, práctica que era común cuando dicha facultad recaía en los Congresos estatales.
