El Partido Colorado de Paraguay ha tomado la decisión formal de expulsar de sus filas al expresidente Santiago Peña. Esta resolución fue comunicada este martes, pocos días después de que el exmandatario fuera destituido de su cargo mediante un juicio político el pasado viernes y fuera puesto bajo prisión preventiva en el marco de las investigaciones judiciales relacionadas con el caso Ueno Bank.
La medida fue adoptada por el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que es la denominación oficial de la colectividad. La decisión se produjo durante una sesión extraordinaria, donde se evaluaron los hechos que llevaron a la caída del exgobernante. A través de la Resolución N° 10/2026, el órgano disciplinario determinó que el señor Santiago Peña Palacios debía ser apartado definitivamente de la organización partidaria.
En el fundamento de la resolución, el Tribunal de Conducta atribuyó al expresidente conductas reprochables y un desempeño deficiente en el ejercicio de sus funciones. Según el organismo, estos hechos quedaron plenamente acreditados durante el proceso de juicio político desarrollado en el Congreso Nacional. La tienda basó su decisión en el estricto cumplimiento de los estatutos internos y el código de ética de la ANR.
El documento oficial sostiene que la actuación de Peña durante su mandato afectó gravemente los principios ideológicos y morales que rigen al partido. En el escrito se enfatiza que la nación paraguaya sufrió un impacto severo debido a hechos de carácter criminal derivados de la conducta del expresidente. Asimismo, el Tribunal identificó como uno de los agravios principales la deshonra provocada tanto al pueblo paraguayo como a la colectividad colorada.
Esta expulsión ocurre exactamente cuatro días después de que el Senado de la República aprobara la destitución de Peña por mal desempeño de sus funciones. Cabe recordar que el proceso había sido impulsado previamente por la Cámara de Diputados, donde se aprobó la acusación basada en los cuestionamientos sobre la relación del entonces mandatario con el Grupo Vázquez. Este entorno empresarial está estrechamente asociado a Ueno Bank y al manejo de recursos públicos que fueron depositados en dicha entidad financiera.
El origen de toda la crisis se remonta a la situación financiera de Ueno Bank, institución que fue intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre. La autoridad reguladora tomó esta medida drástica tras detectar que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo del mínimo exigido por la ley, en un contexto donde se realizaban ajustes en sus estados financieros.
La magnitud del problema fue considerable, ya que la entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos provenientes de instituciones públicas y fondos previsionales. El procedimiento de resolución ejecutado por el BCP afectó la disponibilidad de los depósitos, lo que disparó una serie de cuestionamientos sobre las operaciones financieras llevadas a cabo durante la administración de Santiago Peña.
Ante este escenario, la Fiscalía paraguaya inició una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades legales en la colocación, renovación y permanencia de los fondos públicos en el banco. Como resultado de estas indagaciones, el Ministerio Público imputó al exmandatario por el presunto delito de lesión de confianza, en calidad de instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, se sospecha que Peña intervino directamente en las operaciones relacionadas con los recursos de entidades públicas y previsionales depositados en Ueno Bank. La acusación también subraya la existencia de una relación económica y corporativa previa entre el exgobernante y el grupo empresarial propietario del banco. Se ha detallado que Peña fue accionista de Ueno Holding, habiendo vendido su participación accionaria en marzo de 2025.
Tras su destitución oficial, el expresidente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales. El sábado 7 de noviembre, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó su prisión preventiva luego de celebrarse la audiencia de imposición de medidas. El magistrado determinó que Peña debe permanecer recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, bajo custodia y a disposición del juzgado, descartando su traslado a una cárcel común para asegurar su comparecencia durante todo el proceso judicial.
