El Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado la derogación de la Ley N° 32104, ampliamente conocida como la "Ley Soto", así como modificaciones significativas a la Ley de extinción de dominio. Ambas decisiones fueron tomadas mediante votaciones que reflejaron un amplio respaldo en el salón legislativo, aunque con diversas abstenciones en ambos casos.
En relación con la derogación de la Ley Soto, la medida fue aprobada con un total de 77 votos a favor, cero votos en contra y 25 abstenciones. El dictamen que prevaleció en la votación contó con el apoyo de diversas bancadas, entre ellas Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras. El objetivo central de esta modificación es ajustar la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, buscando establecer un límite que sea proporcional a la gravedad de los delitos.
La controversia en torno a la Ley Soto radicaba en que la legislación vigente limitaba el plazo de suspensión de la prescripción a un máximo de un año. Esta restricción fue duramente criticada durante el debate parlamentario. La diputada Indira Huilca, representante de Ahora Nación, fue enfática al calificar la norma como una "ley pro crimen", argumentando que su aplicación debilitó considerablemente la capacidad del Estado para perseguir los delitos que afectan la seguridad del país. Huilca señaló que la ley establecía un "plazo ciego" de un año, el cual se aplicaba indistintamente tanto para investigaciones de delitos menores, como un hurto, como para investigaciones criminales complejas, permitiendo que el crimen organizado se acogiera a estos beneficios.
En la misma línea de pensamiento, el diputado Ernesto Zunini subrayó la urgencia de esta iniciativa legislativa debido al crítico contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa la nación. Zunini afirmó categóricamente que la Ley Soto nunca debió ser promulgada ni existir, destacando que no hubo una consulta al pueblo peruano y que la norma estaba rodeada de un evidente conflicto de intereses.
Zunini profundizó en la problemática técnica de la norma, señalando que otorgar un plazo perentorio de un año resultaba insuficiente para un Ministerio Público que ya enfrenta una carga procesal abrumadora. Según el legislador, el organismo fiscal posee serias limitaciones para tramitar las investigaciones con la celeridad requerida, y limitar la lucha contra el hurto, la colusión y las organizaciones criminales a un solo año provocaba la prescripción de los delitos. Asimismo, indicó que la norma se consideraba inconstitucional al afectar la proporcionalidad de la prescripción en delitos cuya gravedad impide que sean procesados bajo un estándar uniforme.
Por su parte, el diputado Javier José María Cipriani Thorne, de la bancada de Renovación Popular, reflexionó sobre la eficacia de la justicia en el país. Cipriani Thorne sostuvo que, en muchas ocasiones, la justicia no es que llegue tarde, sino que simplemente no llega. Advirtió que el tiempo se ha convertido en el mayor aliado de aquellos que buscan evadir la justicia, cuestionando la viabilidad de investigar redes de lavado de activos u organizaciones criminales bajo las mismas condiciones y plazos que un delito sencillo.
Paralelamente, el Pleno aprobó con 66 votos a favor, cero en contra y 36 abstenciones, la modificación de la Ley de extinción de dominio. Esta medida implica cambios en el Decreto Legislativo 1373 con el fin de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer las garantías judiciales. La nueva disposición establece que el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo de cualquier proceso penal, civil o de naturaleza jurisdiccional o arbitral. Por lo tanto, ya no podrá invocarse la emisión previa de una sentencia o laudo en dichos procesos para suspender o impedir la sentencia en el proceso de extinción de dominio.
Catherin Palomino Casavilca, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y representante de Juntos Por el Perú, brindó detalles sobre el impacto económico de estas modificaciones. Palomino reveló que el Estado habría dejado de recuperar aproximadamente 50 millones de dólares debido al efecto conjunto de la ley anterior.
La legisladora explicó que la presidenta del Poder Judicial ya había advertido que las normas previas reintrodujeron dilaciones y redujeron la eficacia en la recuperación de activos. Para llegar a este nuevo dictamen, la comisión llevó a cabo mesas técnicas y recibió opiniones especializadas del Ministerio Público y de la Cámara de Comercio de Lima, asegurando así que las propuestas estuvieran debidamente examinadas.
