La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) ha manifestado su firme rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de revocar la Resolución 0961 de 2026. Esta normativa había sido establecida para declarar el bioma amazónico como una reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente, una medida que, según la organización, es fundamental para la preservación de la biodiversidad y la supervivencia de los pueblos originarios.
A través de un comunicado emitido el pasado 9 de noviembre, la Opiac cuestionó la acción del Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona Hincapié. La organización sostiene que la derogatoria de esta resolución representa un retroceso significativo en las medidas administrativas orientadas a la conservación de la Amazonía y vulnera los acuerdos alcanzados mediante procesos de consulta previa con las comunidades indígenas.
La Resolución 0961, firmada el 4 de agosto de 2026, tenía un alcance territorial masivo: comprendía aproximadamente 483.283,55 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 42,3% del territorio continental colombiano. Esta protección se extendía sobre zonas críticas en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Cauca y Nariño. El objetivo central de la norma era establecer garantías para proteger más de 48 millones de hectáreas frente a la incursión de nuevas actividades de minería a gran escala y la explotación de hidrocarburos.
Para la Opiac, la eliminación de estas restricciones no es solo un asunto administrativo, sino una amenaza directa a la integridad ecológica de la región. La organización recordó que el bioma amazónico desempeña funciones ambientales vitales, tales como la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del ciclo hídrico, además de ser crucial para la producción de oxígeno y la absorción de gases de efecto invernadero. En consecuencia, advirtieron que la revocatoria facilita la entrada de actividades extractivas en territorios fundamentales para la permanencia física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas.
Uno de los puntos más críticos del conflicto radica en el procedimiento de consulta. La Opiac enfatizó que la Resolución 0961 fue el resultado de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con los pueblos indígenas del bioma, donde se protocolizaron acuerdos y compromisos específicos. La organización denunció que el Ministerio de Ambiente revocó la disposición sin adelantar un nuevo proceso de consulta con las autoridades indígenas afectadas, calificando este acto como una transgresión a un derecho fundamental y una vulneración de un proceso colectivo y participativo. Según la Opiac, estos acuerdos son obligaciones del Estado y no dependen exclusivamente del gobierno de turno.
Por su parte, el Gobierno nacional justificó la medida argumentando que la resolución original fue expedida sin haber culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes también podrían verse afectadas. El ministro Fabio Arjona Hincapié afirmó que la Resolución 0961 no garantizaba por sí sola la protección efectiva del bioma y que, por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas para los habitantes de la región.
El ministro Arjona señaló que problemas como la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y las economías criminales requieren de presencia institucional, seguridad y alternativas productivas sostenibles. Asimismo, aclaró que la revocatoria no elimina todas las protecciones ambientales, pues siguen vigentes la Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959), las declaratorias de Parques Nacionales Naturales, la Ley de Delitos Ambientales y el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos por parte de la Corte Suprema de Justicia. La cartera ambiental indicó que se podrán adelantar nuevas acciones administrativas una vez se complete la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas y jurídicas correspondientes.
Ante este escenario, la Opiac ha presentado cuatro exigencias puntuales al Gobierno nacional. Primero, la restauración inmediata de la protección normativa del bioma contra la minería a gran escala y la explotación de petróleo y gas. Segundo, el cumplimiento de los acuerdos protocolizados en la sesión 008 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica. Tercero, garantizar la aplicación del Decreto Ley 1275 de 2024 para reconocer las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Finalmente, solicitaron coherencia entre los compromisos internacionales de biodiversidad y cambio climático del Gobierno y sus decisiones administrativas internas.
La organización indígena concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a organismos multilaterales, la comunidad científica, instituciones académicas y defensores de derechos humanos para que respalden la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas amazónicos frente a lo que consideran imposiciones unilaterales que desconocen la autonomía territorial.
