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Presidente Orsi restablece inhabilitación de cinco años para anestesista condenada

El presidente Orsi decidió inhabilitar por cinco años a la anestesista tras informe de Jurídica del MSP que recoge elementos contundentes.

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Presidente Orsi restablece inhabilitación de cinco años para anestesista condenada

El presidente Yamandú Orsi ha firmado una resolución para inhabilitar por cinco años a la anestesista María Inés Miralles, quien fue condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera.

La doctora Barrera, de 41 años, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía de vesícula. Aunque la condena original mediante un proceso abreviado establecía una inhabilitación de cinco años, el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Cristina Lustemberg, había reducido previamente esta sanción a tres años.

Sin embargo, el mandatario Orsi decidió volver al plazo original de cinco años tras recibir un informe del área jurídica del MSP. Esta resolución final fue firmada tanto por el presidente como por la ministra Lustemberg.

El documento técnico revela detalles críticos sobre la intervención. Se constata que Miralles realizó una extubación inapropiada en la sala de operaciones, lo que provocó que la paciente debiera ser reintubada en el mismo block quirúrgico.

Además, una junta médica forense del departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó la existencia de mala praxis y detectó "modificaciones" en los registros de la historia clínica de la paciente fallecida. El informe es tajante al señalar que la actuación de la profesional se apartó de la conducta esperada para un especialista en anestesiología.

El reporte también subraya que no hay claridad sobre si la anestesióloga notificó al equipo quirúrgico sobre su ausencia durante el acto anestésico, ni si asignó a un responsable para el control. A esto se suma que la Sociedad Médica Integral, centro donde operó Barrera, dejó de convocar a Miralles desde abril de 2024 debido a "actitudes irregulares".

Ante estas evidencias, el área jurídica recomendó revisar la decisión previa, culminando en la resolución presidencial actual.

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