La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha ingresado en una fase de tensión con el Gobierno, ratificando un plan de movilización escalonada mientras mantiene abiertas las vías de negociación. El presidente nacional de la organización, José Pérez Debelli, advirtió que, si bien el gremio no ha cerrado la puerta al diálogo, la movilización social es ahora una parte integral de su estrategia para presionar por mejoras salariales, la protección del Presupuesto 2027 y la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.
Uno de los ejes centrales del conflicto es la negociación salarial en la Mesa del Sector Público. El gremio solicita un reajuste nominal del 6,3%, una cifra que, según las precisiones de Pérez Debelli, se traduce en un incremento real de aproximadamente un 2% al considerar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en los últimos doce meses se sitúa en torno al 4%. El dirigente subrayó que esta demanda es "precisa, concreta y aterrizada", especialmente cuando se analiza el contexto económico actual del país, donde la tasa de desempleo se aproxima al 10%, situación que impacta directamente en la capacidad de los trabajadores públicos para enfrentar el costo de vida.
Sin embargo, el punto de mayor fricción se encuentra en la discusión del Presupuesto 2027. La ANEF ha manifestado su profunda preocupación por la reducción o eliminación de diversos programas públicos. Aunque el Gobierno ha presentado un crecimiento real del gasto del 1,5%, Pérez Debelli sostiene que este dato debe contrastarse con la realidad de los programas que están siendo recortados. El dirigente señaló que existen datos concretos que evidencian la disminución de iniciativas clave, como los programas de prevención del delito y aquellas implementadas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG).
En particular, se destacó que la eliminación de programas de acompañamiento del SERNAMEG afecta gravemente a mujeres que crían solas a sus hijos, ya que estas herramientas les permiten trabajar y generar ingresos para el sustento de sus familias. Asimismo, la ANEF puso el foco en la situación de la Junaeb, institución con 62 años de trayectoria que opera 34 programas fundamentales en todo el país, incluyendo becas, apoyo psicosocial, salud oral, habilidades para la vida y programas de tecnologías de la información.
El impacto laboral de estas decisiones presupuestarias es otro de los puntos críticos. Pérez Debelli alertó que, de mantenerse el presupuesto en discusión, más de mil personas podrían perder sus empleos en los jardines infantiles estatales, afectando mayoritariamente a mujeres. Para la organización, la discusión presupuestaria no puede reducirse a simples porcentajes, ya que estas cifras representan un impacto directo en seres humanos.
Simultáneamente, la ANEF ha puesto el foco en la precariedad de los funcionarios a contrata. Actualmente, el 70% de los trabajadores de la administración central posee contratos temporales con vigencia anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto convierte al 30 de noviembre en una fecha crítica, ya que es el periodo en que se comienzan a notificar las renovaciones para el año 2027. El gremio exige que el Gobierno entregue señales claras sobre la continuidad de funcionarios con trayectoria y demanda que cualquier acto de no renovación o término anticipado esté debidamente fundamentado, reconociendo el derecho de cada trabajador a dicha justificación.
En este sentido, la ANEF busca evitar la implementación de "listas negras" o despidos masivos basados en la antigüedad, específicamente para aquellos funcionarios con menos de cinco años de servicio. Estos puntos ya han sido discutidos con el ministro del Trabajo, el subsecretario del Trabajo, la Dirección de Presupuestos y el director del Servicio Civil.
La estrategia de movilización ya ha comenzado a ejecutarse. El pasado 5 de noviembre, la ANEF se sumó a las manifestaciones del movimiento estudiantil contra los recortes a la educación pública, jornada en la que Pérez Debelli denunció que los funcionarios fueron reprimidos con agua y gas de manera innecesaria. Esta acción es parte de una articulación más amplia que incluye a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente, la ANEF mantiene una doble vía de acción: mientras concurre al Congreso para intervenir en el debate presupuestario y mantiene una agenda formal de trabajo con contrapartes gubernamentales, sostiene la presión en las calles. El escenario se prevé tenso para las próximas semanas, ya que la resolución del reajuste salarial, la aprobación del Presupuesto 2027 y las decisiones sobre las contratas definirán si el conflicto se resuelve en la mesa de negociación o escala hacia nuevas jornadas de movilización.
