En el marco de una compleja investigación fiscal que se intensificó durante la última semana, se llevaron a cabo una serie de procedimientos judiciales entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, orientados a la inmovilización de bienes vinculados a Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años, quien se desempeña como CEO y vicepresidente 1° de Ueno Bank. Estas acciones forman parte de una causa penal por supuesta lesión de confianza y otros delitos económicos.
Para la ejecución de estas diligencias, el Ministerio Público desplegó dos equipos de fiscales pertenecientes a la Unidad Especializada en Delitos Económicos. El primer equipo estuvo conformado por Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, mientras que el segundo grupo estuvo integrado por Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster. Ambas comisiones contaron con la colaboración de la fiscala Ruth Benítez, integrante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la residencia de Miguel Vázquez, ubicada en el barrio Mbocayaty de Asunción. En el domicilio, los agentes procedieron a la incautación de nueve vehículos de alta gama, cuyo valor estimado en el mercado ronda los US$ 1.813.000. Según datos suministrados por fuentes judiciales, la colección de automóviles, todos de color negro, no era utilizada para el transporte, sino que permanecía en un sector de la vivienda con fines de mera exhibición y ostentación. De estos nueve rodados, al menos seis cuentan con blindaje, lo que incrementa su valor comercial en un margen que oscila entre los US$ 12.000 y los US$ 90.000 adicionales por unidad, dependiendo del nivel de protección.
Además de los vehículos, en la misma propiedad se halló la cédula verde de un automóvil Ferrari F340 Spider Cabriolet, con matrícula CVC001, valorado aproximadamente en US$ 250.000. Actualmente, todos los rodados incautados se encuentran bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La ofensiva judicial se extendió hacia otras ubicaciones. En el complejo habitacional Agua Vista, situado en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, se logró la incautación de una embarcación de lujo de la marca Azimut, bautizada como "Zeus", con matrícula POLO01A1I, cuyo valor asciende a unos US$ 3.300.000.
Asimismo, en el hangar Hasc Aviation de la ciudad de Luque, las autoridades incautaron dos aeronaves. La primera es un jet Beechcraft King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank SA, valorado en US$ 4.000.000. La segunda es un avión bimotor Beechcraft Baron B55, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez SA, con un precio estimado de US$ 280.000.
En total, el valor preliminar de los bienes inmovilizados asciende a US$ 9.393.000, cifra que al tipo de cambio actual equivale a G. 58.831.637.568. No obstante, al sumar el valor del blindaje de los vehículos y otros activos, la cifra total se aproxima a los US$ 10.000.000.
Paralelamente a las incautaciones, la situación jurídica de las altas esferas del poder se ha agravado. Este sábado, los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez imputaron a Santiago Peña Palacios, presidente de la República quien fue destituido mediante juicio político el viernes. Peña ha sido imputado por los hechos de lesión de confianza y administración en derecho propio.
En la misma línea, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Ante el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó la prisión de Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial y la de Carvallo en la Agrupación Especializada de la Policía.
Este proceso se formalizó bajo la causa N° 92/2026, caratulada como “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, la cual fue abierta el pasado jueves por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, basándose en denuncias recientes y la ampliación de una causa presentada en el año 2025.
Finalmente, la investigación sobre Ueno Bank también alcanzó a ocho exdirectivos de la entidad. Estos fueron imputados por los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Ruth Benítez por los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio. Por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, los hombres imputados fueron remitidos al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) para cumplir prisión preventiva, mientras que para las mujeres se ordenó el arresto domiciliario con el uso de tobilleras electrónicas.
