El panorama judicial en torno a las irregularidades que llevaron a la intervención de Ueno Bank ha dado un giro determinante con la disposición de prisión preventiva para dos figuras clave: el expresidente de la República, Santiago Peña, y el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo. Ambos procesados enfrentan cargos graves, aunque sus condiciones de reclusión reflejan disparidades notables según las disposiciones judiciales y las circunstancias personales manifestadas.
Carlos Dagoberto Carvallo se encuentra recluido desde ayer en la Agrupación Especializada, una decisión tomada por el juez penal de Garantías Humberto Otazú. Esta ubicación difiere de la de los banqueros de Ueno Bank, quienes cumplen su medida restrictiva de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos, antiguo Tacumbú. La decisión de trasladar al ex titular del BCP a la sede policial responde a una solicitud expresa del propio Carvallo, quien manifestó a los investigadores su temor por su integridad física y pidió que se considere su seguridad personal.
Durante su comparecencia en la sede de la Fiscalía en la tarde de ayer, Carvallo optó por abstenerse de prestar declaración indagatoria. A pesar de insistir repetidamente en que "tiene miedo" de lo que pueda sucederle, el procesado evitó brindar detalles específicos sobre posibles amenazas recibidas o rumores que pudieran poner en riesgo su vida.
En el ámbito penal, Carvallo está procesado por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Según la tesis de la Fiscalía, el ex presidente del BCP habría actuado para ocultar información crítica sobre la situación financiera real de Ueno Bank. Específicamente, se le atribuye que el 7 de octubre de 2026 remitió al Senado la Nota BCP/P N.° 016, en la cual suprimió deliberadamente informes técnicos que cuestionaban la solvencia de la entidad, incluyendo los informes N.° 006, 007, 010 y 013/2026, el dictamen de alerta de Fernando Rivarola del 10 de julio de 2026 y un correo electrónico fechado el 29 de abril de 2026. Debido a estas acciones, los investigadores solicitaron la prisión preventiva argumentando que, en libertad, Carvallo podría intentar destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, configurando un peligro de obstrucción a la investigación.
Simultáneamente, el magistrado Humberto Otazú decretó la prisión preventiva del exmandatario Santiago Peña Palacios, quien es procesado por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio. Al igual que Carvallo, Peña se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Un punto que generó controversia fue la logística de su audiencia, ya que la Fiscalía dispuso de la sala de reuniones de la Fiscalía General del Estado en lugar de realizar el proceso en la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Udea). Esta deferencia fue blanco de críticas por parte de manifestantes que, habiendo perdido sus ahorros en la entidad bancaria, expresaron su indignación frente al trato recibido por el ex presidente.
El traslado de Peña al Palacio de Justicia estuvo marcado por la tensión. El exmandatario fue esposado siguiendo el protocolo establecido antes y después de la audiencia, situación que provocó su visible molestia. Peña no ocultó su "bronca" ante la medida, llegando a cuestionar la situación alegando su condición de expresidente de la República.
A diferencia de Carvallo, el juez dispuso que Peña cumpla su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial. En este lugar, el procesado goza de una situación privilegiada, ya que se le ha permitido mantener el uso de su teléfono celular, una acción terminantemente prohibida para cualquier recluso en el sistema penitenciario. Esta situación ha llevado a que no se descarten nuevas gestiones por parte de la Fiscalía para buscar que se mantenga la igualdad de condiciones entre todos los procesados en la causa.
Respecto a los cargos contra Santiago Peña, la Fiscalía sostiene que, durante su ejercicio en la Presidencia de la República, el exmandatario habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de sumas considerables de dinero provenientes de entidades previsionales y públicas en Ueno Bank S.A. Según la investigación, Peña habría mantenido una relación económica y corporativa previa con el grupo empresarial dueño de dicha entidad, lo que motivó las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
