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Controversia por la captura comercial de iguanas coloradas en Salta

El doctor en Biología Enrique Derlindati advirtió, en diálogo con Nuevo Diario, que la fiscalización de los cueros comercializados no garantiza la conservación de la especie. Tras la autorización prov

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Controversia por la captura comercial de iguanas coloradas en Salta

¿Es sostenible capturar 30 mil iguanas para el mercado de cueros? El Gobierno de Salta ha habilitado una nueva temporada de aprovechamiento comercial de la iguana colorada, autorizando la extracción de hasta 30 mil ejemplares hasta marzo de 2027. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 899/2026, abarca los departamentos de Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y el municipio de El Galpón.

Sin embargo, el doctor en Biología Enrique Derlindati advierte que fiscalizar los cueros comercializados no garantiza la conservación de la especie. El especialista cuestiona la falta de información pública y de informes periódicos que demuestren que las poblaciones silvestres pueden sostener este nivel de extracción. Para Derlindati, reducir la cuota en 10 mil unidades respecto a la temporada anterior no es suficiente si no existen evaluaciones científicas que justifiquen técnicamente los números.

Otro punto crítico es la profunda desigualdad económica en la cadena de valor. Mientras el cazador recibe aproximadamente 10 dólares por pieza, el valor de exportación de una piel puede superar los 700 dólares, una diferencia que el biólogo señala como un punto que requiere mayor transparencia.

Más allá de lo económico, está el riesgo ecológico. Las iguanas coloradas son fundamentales para la dispersión de semillas y el control de invertebrados en los bosques chaqueños. Derlindati advierte que la presión de captura, sumada a la pérdida de hábitat, podría alterar procesos naturales esenciales.

El científico reclama que la política ambiental deje de centrarse únicamente en la fiscalización de cueros y pase a un sistema de manejo adaptativo, basado en evidencia científica y con datos accesibles para la sociedad. La pregunta queda abierta: ¿puede la Provincia demostrar que esta actividad no compromete el futuro de la especie?

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