Un ataque armado perpetrado en el departamento de Zacapa terminó con la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que formaban parte de su esquema de seguridad. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 p. m. en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, específicamente en la localidad de Río Hondo, Zacapa.
Según los reportes, hombres armados dispararon directamente contra el vehículo en el que se trasladaba el legislador. Los tres agentes de la PNC asignados a su protección intentaron repeler la agresión, pero perdieron la vida en el lugar del ataque. El diputado Portillo Paz, de 36 años, fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas por bala, aunque falleció horas más tarde en el hospital.
Julio César Portillo Paz, nacido el 2 de diciembre de 1990, integraba la X Legislatura para el periodo 2024-2028, representando al distrito electoral de Zacapa. Fue elegido bajo la bandera del partido Cabal, organización política vinculada al excandidato presidencial Edmond Mulet. No obstante, su relación con dicha agrupación terminó en abril de 2025, cuando el partido inició un proceso de expulsión en su contra tras diversos señalamientos.
En el ámbito legislativo, la trayectoria de Portillo Paz se centró en iniciativas relacionadas con la economía, la salud, la educación, la seguridad y, especialmente, la agricultura. Entre sus propuestas destacó la iniciativa 6343, mediante la cual buscaba la creación del Fondo Nacional para el Acceso a los Insumos Agropecuarios, con el objetivo de facilitar a los productores la adquisición de los insumos necesarios para sus actividades. Asimismo, participó en propuestas para reformar la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, promover una jubilación universal para adultos mayores y modificar las disposiciones sobre el salario mínimo y las pensiones.
En cuanto a su labor administrativa en el Congreso, los registros indican que acumuló 14 participaciones en comisiones de trabajo. Para el periodo 2026-2027, se desempeñaba como vicepresidente de las comisiones de Seguridad Alimentaria y de Relaciones Exteriores, además de ocupar el cargo de secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas.
Sin embargo, su gestión estuvo acompañada de fuertes controversias. En abril de 2025, el alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, lo señaló de exigir comisiones ilegales a cambio de la gestión de proyectos municipales. Específicamente, la denuncia indicaba que el diputado habría solicitado un 20% de comisión por proyectos de la Gran Cruzada por la Nutrición y un 10% por obras financiadas con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede). Ante esto, Portillo Paz rechazó las acusaciones y presentó una denuncia contra el alcalde por abuso de autoridad y difamación.
Esta situación derivó en que, el 12 de junio de 2025, la Fiscalía contra la Corrupción solicitara el retiro del derecho de antejuicio del legislador. El Ministerio Público (MP) buscaba investigarlo por presuntos delitos de extorsión, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y abuso de autoridad, por hechos ocurridos entre junio y diciembre de 2024. La investigación también contemplaba supuestas exigencias para adjudicar proyectos a empresas específicas y la adquisición de cemento de una sociedad mercantil cuyos representantes legales podrían ser familiares del diputado. Portillo Paz sostuvo que estas denuncias eran represalias por las fiscalizaciones que realizaba en municipalidades de Zacapa.
Otro episodio relevante en su historial ocurrió el 13 de mayo de 2024, cuando estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la zona 1 de la capital. En dicho evento, murió Nery Eberto Ruano Morales, un agente de la PNC asignado a su seguridad, y tres personas resultaron heridas. El accidente habría ocurrido luego de que otro vehículo no respetara la luz roja de un semáforo. El 30 de enero de 2025, el juez Jimi Bremer cerró el caso contra el diputado por homicidio y lesiones culposas, al determinar que no había pruebas suficientes para atribuirle dichos delitos.
Finalmente, el legislador había manifestado temor por su integridad. En mayo de 2024, el Ministerio de Gobernación informó que, tras un análisis de riesgo realizado en febrero, se había decidido aumentar su protección de dos a seis agentes policiales. Esta medida fue tomada debido a denuncias de extorsiones, amenazas y presuntos hechos de vigilancia y persecución contra miembros de su familia, situando al diputado en un nivel de riesgo medio.
