En una jornada marcada por la tensión y el reclamo ciudadano, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se trasladaron hasta las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública. El objetivo de esta movilización fue exigir medidas concretas y urgentes frente a la escalada de violencia que afecta a la comuna, específicamente los recientes baleos y los graves desórdenes registrados en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) del sector de Bajos de Mena.
La comitiva, que incluyó además a diversos funcionarios de salud de la zona, buscaba transmitir la desesperación de una comunidad que se siente desprotegida. Durante la instancia, el alcalde Matías Toledo fue enfático en su solicitud al Ejecutivo, insistiendo en la necesidad imperativa de que el Gobierno cumpla con el compromiso de reponer los puntos fijos de Carabineros en la comuna, elementos que considera fundamentales para recuperar el control territorial y brindar seguridad a los residentes.
Toledo no ahorró críticas hacia la gestión central, señalando que existen responsabilidades políticas claras en este escenario. El jefe comunal recordó que Chile es un país reglado por leyes, con una Constitución y una estructura gubernamental que incluye un Ministerio de Seguridad y un Presidente de la República. En este sentido, el alcalde manifestó que lo único que se solicita es que las autoridades "hagan la pega para la cual Chile les paga", cuestionando la inacción del Gobierno frente a la crisis.
La frustración del alcalde se evidenció al señalar que el municipio y las autoridades locales se ven obligadas a asumir roles que no les corresponden. Toledo cuestionó el hecho de tener que intervenir directamente en las calles y, además, ser quienes propongan las ideas y estrategias de seguridad para que el Gobierno finalmente las implemente, sugiriendo que el Estado ha delegado sus funciones básicas de protección en los gobiernos locales.
En una de las declaraciones más fuertes de la jornada, Matías Toledo exteriorizó su percepción sobre la desconexión del Gobierno con la realidad territorial. El alcalde afirmó que pareciera que en el Ejecutivo "viven en Narnia" o en un "Chile paralelo". Para ejemplificar esto, mencionó que, mientras los militares son desplegados para tareas secundarias, como retirar barro de piscinas, no se utilizan los mismos recursos para enfrentar el escenario de destrozos y delincuencia que azota a los vecinos de Puente Alto.
Un punto crítico de la visita fue la recepción de las autoridades. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados y la presencia de funcionarios de salud, el alcalde Toledo, el gobernador Orrego y la delegación no fueron recibidos por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En su lugar, la reunión fue conducida por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, lo que fue percibido como una señal más de la distancia entre el Ministerio y la problemática local.
Por su parte, el gobernador Claudio Orrego manifestó su respaldo total a los dirigentes vecinales, los pobladores y al alcalde de Puente Alto, asegurando que se suma a estas voces porque considera que "el Gobierno está al debe en materia de seguridad". Orrego analizó la situación desde una perspectiva estructural, identificando la existencia de enfrentamientos entre bandas criminales que deben ser desarticuladas urgentemente, además de resaltar la vulnerabilidad extrema de los trabajadores de la salud que operan en el sector.
Respecto a las soluciones inmediatas, el gobernador indicó que existen problemas de seguridad en los accesos que pueden resolverse rápidamente. En relación a esto, adelantó que la próxima semana se le presentará un proyecto formal para abordar estas deficiencias específicas de infraestructura y control.
Sin embargo, Orrego fue más allá al proponer cambios en la distribución de los recursos policiales. Aunque reconoció que la responsabilidad primaria recae en el Ministerio, Carabineros y la PDI, sugirió que se podría aplicar un criterio de "justicia social" en la asignación de efectivos. Según el gobernador, esto implicaría retirar carabineros de comunas donde no son tan críticos para desplegarlos donde más se necesitan, evitando dar "a todos por igual" y priorizando las zonas con mayores carencias de seguridad.
Como alternativa, el gobernador regional planteó la posibilidad de reasignar al personal militar para que se dediquen específicamente a resguardar los centros de salud y proteger la integridad de los profesionales que sirven a la comunidad, quienes actualmente ponen en riesgo sus vidas para brindar atención médica.
Finalmente, Claudio Orrego lanzó una dura crítica sobre la equidad en la respuesta gubernamental, aseverando que, si una crisis de seguridad de esta magnitud ocurriera en alguna de las comunas del sector oriente de Santiago, la respuesta sería inmediata. Según el gobernador, en ese caso "no duraría un día" en que todo el Gobierno, con todos sus recursos y funcionarios policiales, se desplazaría a la zona afectada para solucionar el problema.
