El panorama político en Paraguay ha dado un giro drástico tras el anuncio oficial del Partido Colorado, la formación política gobernante, de brindar su respaldo a un proceso de juicio político contra el actual presidente de la República, Santiago Peña. La noticia fue difundida a través de un comunicado emitido por el presidente de dicha agrupación, el exmandatario Horacio Cartes, quien ejerció la presidencia del país entre 2013 y 2018 y es considerado el mentor del actual jefe de Estado.
A través de la red social X, Horacio Cartes manifestó la postura de la Asociación Nacional Republicana (ANR), asegurando que acompañarán el proceso de juicio político con el objetivo primordial de "volver a reencauzar la institucionalidad de la República". Esta decisión marca una ruptura significativa dentro del oficialismo, especialmente considerando la relación previa entre Cartes y Peña. El exmandatario fundamentó esta medida basándose en la necesidad de combatir lo que calificó como "latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", asegurando que el Partido Colorado no se ubicará del lado de quienes permitan tales acciones.
En su declaración, Cartes apeló a los valores fundamentales de la bandera colorada, subrayando que la historia de su partido está ligada al servicio del país. Según el dirigente, honrar dicha historia implica actuar con valentía en los momentos en que la patria así lo exige, justificando así la decisión de impulsar el enjuiciamiento de su propio correligionario en la presidencia.
En sintonía con esta postura, el presidente del Congreso de la Nación, Basilio "Bachi" Núñez, también se pronunció públicamente solicitando la salida del mandatario. Núñez fue tajante al abogar por la renuncia inmediata de Santiago Peña o, en su defecto, el avance del juicio político. El titular del Poder Legislativo enfatizó que el Congreso no puede permanecer indiferente ante el "despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados". Para Núñez, la intervención del Congreso es necesaria para reordenar la institucionalidad del Estado y garantizar la protección de los ahorros de los ciudadanos.
El detonante de esta crisis política es la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, ordenada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP). La entidad reguladora tomó esta medida tras detectar que el índice de solvencia del banco privado había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido por la normativa vigente. El impacto de esta decisión ha sido masivo, dado que Ueno Bank contaba con 2,9 millones de clientes en una nación que posee una población total de 6,1 millones de habitantes.
La intervención derivó en el cierre inmediato de las sucursales y el cese total de las operaciones bancarias, provocando que miles de ahorradores intentaran, sin éxito, movilizar sus fondos. La gravedad de la situación se intensifica al revelarse que millonarios recursos provenientes de entidades públicas se encontraban depositados en Ueno. Asimismo, el banco mantenía una alta visibilidad pública al patrocinar equipos de fútbol locales y eventos de gran magnitud, como la etapa paraguaya del Mundial de Rally.
Ante este escenario, un grupo compuesto por diputados de la oposición y sectores disidentes del oficialismo ya ha presentado la acusación formal para iniciar el proceso de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Estos documentos serán el eje central de dos sesiones extraordinarias separadas programadas para este jueves, donde se discutirá exclusivamente cada una de las acusaciones.
El proceso legal se rige estrictamente por el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. Para que la acusación prospere y sea trasladada a la Cámara Alta, se requiere que la Cámara de Diputados apruebe la medida con una mayoría de dos tercios de sus integrantes. Una vez que el caso llegue al Senado, este cuerpo legislativo actuará como juez. En esta instancia final, se necesitará nuevamente una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al acusado, decisión que abriría la puerta legal a la separación inmediata del cargo presidencial.
