La Defensoría del Pueblo ha presentado un exhaustivo diagnóstico nacional titulado "Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir", publicado en agosto de 2026. El documento establece una línea base sobre el estado actual de la nación, reuniendo indicadores críticos en materia de salud, desigualdad, violencia de género, conflicto armado, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, protección de líderes sociales y libertad de prensa. La entidad advierte que, aunque existen marcos normativos de reconocimiento, persiste una distancia considerable respecto al cumplimiento efectivo de estos derechos, especialmente en los territorios más vulnerables.
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación del derecho a la salud. La Defensoría diferencia entre la afiliación formal al sistema y el acceso real y oportuno a los servicios. Para evidenciar esta brecha, el diagnóstico presenta las reclamaciones interpuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Las cifras muestran una tendencia ascendente preocupante: en 2022 se registraron 1.149.403 reclamaciones, cifra que subió a 1.300.732 en 2023, alcanzó los 1.604.965 en 2024 y llegó a 2.048.427 en 2025. Este incremento representa un aumento cercano al 78 % en tres años. Paralelamente, el uso de mecanismos judiciales como la tutela también creció, pasando de 265.173 acciones en 2024 a 312.573 en 2025, lo que supone un crecimiento del 18 % en un solo año.
En relación con los derechos de las mujeres, la radiografía analiza las violencias sexuales y las desigualdades estructurales. El informe enfatiza que la garantía de estos derechos requiere atender no solo las agresiones directas, sino también las condiciones que limitan la autonomía femenina. Se destaca la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, factor que incide negativamente en el empleo, el tiempo disponible y la autonomía económica de las mujeres. Asimismo, el documento incluye datos sobre la participación femenina en la Rama Judicial y en diversos espacios institucionales.
Respecto al conflicto armado, la Defensoría señala que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado a través de la fragmentación de grupos armados, nuevas modalidades de violencia y disputas territoriales. El Sistema de Alertas Tempranas mantiene actualmente 120 alertas territoriales vigentes que abarcan 15 territorios indígenas y 396 municipios; el 36 % de los municipios del país cuenta con una advertencia focalizada. El informe alerta sobre el uso de drones con explosivos, una modalidad que incrementa el riesgo para las comunidades civiles en zonas de confrontación.
Las consecuencias humanitarias son profundas. Entre 2017 y mayo de 2026, se registraron 1.002 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 394.839 personas. El análisis anual muestra que, tras una tendencia a la baja entre 2022 (310.261 víctimas) y 2024 (255.225 víctimas), el desplazamiento aumentó nuevamente en 2025 con 274.665 personas afectadas. Sobre el confinamiento, se reportaron 66.730 personas afectadas en 2024 y 65.636 en 2025, destacando que el 79,3 % de estas víctimas pertenecen a pueblos étnicos.
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una problemática persistente. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó la desvinculación de 318 menores en 2024 y 420 en 2025. La Defensoría resalta que este fenómeno afecta desproporcionadamente a la población rural (50 % de los casos en 2025) y a los pueblos indígenas (47 % de los casos en 2025). Además, se revela que 71 niños, niñas y adolescentes murieron en operativos militares entre agosto de 2022 y junio de 2026.
En cuanto a la violencia letal, se registraron 651 masacres con 2.380 víctimas entre 2019 y el 18 de julio de 2026. El balance anual muestra 91 casos en 2020, 96 en 2021, 94 en 2022, 94 en 2023, 76 en 2024 y 70 en 2025; para 2026, el registro sumaba 30 casos hasta julio. La protección de defensores de derechos humanos es igualmente alarmante, con 1.743 líderes y lideresas asesinados entre 2016 y junio de 2026. En libertad de prensa, se contabilizan 12 homicidios de periodistas entre 2020 y 2026.
Finalmente, el informe aborda la degradación ambiental y la reforma agraria. Se analizan los impactos del cambio climático, la minería ilegal y la deforestación. En el eje rural, se reportó la formalización de 2.284.304 hectáreas entre 2022 y junio de 2026, y la incorporación de 2.145.835,54 hectáreas al Fondo de Tierras en el mismo periodo. El documento concluye que cerrar las brechas entre el campo y la ciudad es fundamental para reducir las desigualdades nacionales. Cabe precisar que, aunque el informe ofrece un mapa nacional, no presenta datos desagregados específicos para el departamento del Huila, por lo que las cifras globales no deben atribuirse a dicho territorio.
