Una investigación basada en los registros del Registro Público de Comercio ha revelado la existencia de una compleja red de siete empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, quienes son señalados de haber obtenido contratos superiores a los 2 mil 740 millones de pesos mediante fraudes en la contratación de materiales para diversos organismos electorales locales. De acuerdo con la información analizada, estas compañías operaban sistemáticamente a través de prestanombres y socios que, en algunos casos, han sido mencionados públicamente en conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El entramado empresarial incluye a las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández. El mecanismo operativo consistía en la constitución de empresas con socios iniciales que posteriormente cedían acciones y poderes legales a los verdaderos beneficiarios o sus familiares cercanos.
En el caso de Cajas Graf, aunque su acta constitutiva no es visible en el registro digital de la Ciudad de México, datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indican que fue creada en julio de 1993 por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González. Sin embargo, en diciembre de 2021, se otorgó un poder total y se cedieron acciones a favor de Raymundo Francisco Hernández Casillas. Este último es hermano de José Alfredo Hernández Casillas, quien ha sido ligado a Guadalupe Taddei a través de videos difundidos por Latinus, donde se les observa coordinando el reparto de porcentajes de "moches" otorgados por contratistas tras ganar licitaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE). Este movimiento legal fue formalizado en la Notaría 185 del Estado de México, a cargo de Marcelo Rosseto Armida, ubicada en Naucalpan.
Similar modus operandi se detectó en Corporativo Zeg, constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México, bajo la responsabilidad de Miguel Soberón Mainero. Aunque fue fundada por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, en 2017 la empresa otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para gestionar todas sus operaciones financieras y representaciones legales, especialmente para la firma de contratos y licitaciones con organismos públicos locales. Curiosamente, fue hasta 2024 que Raymundo Hernández solicitó darse de baja como representante legal. En dicho proceso, registrado ante el notario 105 del Estado de México, Conrado Zuckermann Ponce, Hernández Casillas afirmó que “nunca tuvo conocimiento del poder otorgado a su favor” por la sociedad.
Corporativo Zeg también presenta irregularidades operativas graves. El 1 de junio de 2023, la empresa dio de alta a más de cinco representantes legales en un mismo día. Entre ellos destacan Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE bajo la gestión de Guadalupe Taddei, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien fue director de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Ambos exfuncionarios se encuentran actualmente bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos actos de corrupción relacionados con el material electoral del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Estos nombramientos fueron registrados en la Notaría 224 de la Ciudad de México, a cargo de Jesús Torres Gómez.
Por otro lado, la Comercializadora JVLY fue constituida en noviembre de 2015, también en la Notaría 181. Sus socios fundadores fueron Jorge Viana Pimentel y Luz María Yáñez Pimentel. No obstante, entre 2018 y 2021, los poderes fueron cedidos a Fernando Fernández Parra y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, señalada como hija de José Alfredo Hernández Casillas y Patricia Velázquez Sánchez. Tatiana Hernández Velázquez aparece también como apoderada legal en Cajas Graf y Corporativo Zeg, junto con Raymundo Hernández Velázquez, quien sería su hermano.
Ambos hermanos también figuran como representantes legales de Seriplast de México. Esta empresa fue constituida en septiembre de 2008 en la Notaría 14 de Tonalá, Chiapas, por Cristian Josué Hermosilla Contreras, Israel Sánchez Aguirre y Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo Hernández Casillas. Posteriormente, en 2013, se integraron como socios y representantes legales Raymundo Francisco Hernández Casillas y los hijos de José Alfredo, Raymundo y Tatiana, mediante un trámite en la Notaría 11 de la Ciudad de México.
Finalmente, las empresas Formas Finas y Materiales y Formas Finas Fernando Fernández formaron parte del esquema inicial de corrupción. Aunque pertenecen originalmente a las familias Carranza Sordo y Fernández Parra, Formas Finas y Materiales otorgó en su momento un poder de representación a Raymundo Hernández Casillas. Asimismo, Cajas Graf y Comercializadora JVLY otorgaron poderes a Fernando Fernández Parra, hermano de Gerardo Fernández Parra, constituyente de la empresa Formas Finas Fernando Fernández.
