La definición del Presupuesto 2027 ha entrado en una etapa crítica en la Cámara de Diputados, marcada por fuertes tensiones entre el oficialismo y sus aliados legislativos y provinciales. El Gobierno ha fijado como nueva meta obtener la sanción de la norma para el próximo 25 de noviembre, desplazando la fecha objetivo original por tres semanas. Esta demora es el resultado directo de las intensas negociaciones y los pedidos de modificación presentados por el PRO y diversos aliados provinciales.
En el seno de la mesa legislativa libertaria, la respuesta recurrente ante las solicitudes de cambios presupuestarios ha sido "hablá con Guberman". Esta frase pone el foco sobre Carlos Guberman, quien es el responsable de la Jurisdicción 91, denominada "Obligaciones a Cargo del Tesoro". Esta partida representa la tercera erogación más costosa de la ley, con un monto de 14,9 billones de pesos, a pesar de no contar con personal ni edificio propio. Según analistas y legisladores, Guberman actúa como el ejecutor de las directivas provenientes de Casa Rosada, manteniendo el control de las llaves financieras fuera del ámbito del Congreso.
Aliados del oficialismo han descrito la postura del ala política del Gobierno como "intransigente". Diputados que habitualmente acompañan los proyectos de La Libertad Avanza señalan que, mientras el sector político en el Congreso muestra mayor apertura al diálogo, la respuesta concreta al solicitar financiamiento es que ya es demasiado tarde para realizar modificaciones, argumentando que la planilla de anexos fue cerrada en junio. En este contexto, la aprobación acelerada de la ley dependerá de que la Casa Rosada decida establecer fondos para leyes ya existentes y así evitar que las normas resulten inaplicables por falta de presupuesto.
La presión más fuerte proviene de los gobernadores, quienes advierten que, sin partidas nacionales, las arcas provinciales deberán absorber los costos. Los reclamos se centran en puntos críticos: el reinicio de obras públicas, el pago de una deuda por fondos previsionales que asciende a 2.899.574.222 dólares distribuidos entre 13 provincias, y el financiamiento universitario. En este último punto, las universidades solicitan 11 billones de pesos para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Gobierno ha ofrecido 7,5 billones. Asimismo, persiste la incertidumbre sobre los fondos para discapacidad, cuya aprobación en el Senado depende de una promesa aún no ratificada por el Palacio de Hacienda: la derogación de los artículos 36° al 41° del Presupuesto 2027.
Esta semana, gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Martín Llaryora (Córdoba) reiteraron sus pedidos, sumándose Gustavo Sáenz (Salta), quien demandó una distribución equitativa de los subsidios para el transporte público. A este reclamo se unieron unos 80 intendentes que asistieron a la comisión de Asuntos Municipales para manifestar su rechazo a la reducción del Programa Remediar —que pasó de cubrir 126 medicamentos a solo 6— y solicitar un reparto eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Por su parte, el PRO ha presentado una agenda de pedidos específicos que incluye la reducción del ICL, la baja del IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y la extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen a finales de 2027. También proponen un régimen antievasión mediante el intercambio de información sobre billeteras virtuales y financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires, específicamente para las obras de la Línea F y el Belgrano Sur, además de la regularización de las transferencias de coparticipación. En una línea similar, el diputado Eduardo Falcone (MID) reclamó el destrabe de fondos de la CAF para la ruta nacional 5 en el tramo Suipacha-Mercedes.
Otras provincias han logrado concesiones menores. El diputado Sebastián Nóblega (Catamarca) reconoció que se acordó que su provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por las rutas 157 y 60. Nóblega también subrayó la necesidad de blindar las partidas del INTA y aumentar el bono para jubilados, cuya suma fija permanece en 70.000 pesos desde 2023.
Finalmente, la oposición, liderada por Unión por la Patria y la UCR, ha utilizado la convocatoria a especialistas en comisiones para plantar postura. Se solicitó la eliminación del artículo 17, que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo. Además, se denunciaron recortes drásticos en políticas de género y prevención de violencia: las partidas para la Línea 144 se redujeron para alcanzar a 70.000 personas (un cuarto de lo logrado en 2023) y el monto para Educación Sexual Integral (ESI) quedó congelado respecto a 2026, lo que representaría aproximadamente 4 pesos por adolescente. Ante este escenario, el diputado Carlos Castagneto exigió la presencia de los ministros en el Congreso y propuso reestablecer las leyes incumplidas utilizando fondos de la Jurisdicción 91.
