El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, ha revelado cifras alarmantes respecto a la participación de menores de edad en actividades delictivas en el territorio nacional. Según los datos entregados por la autoridad, entre enero y agosto del presente año, más de 23 mil adolescentes y menores fueron identificados como victimarios, lo que representa el 5,4% del total de los delitos cometidos en el país durante dicho periodo.
Esta estadística es especialmente preocupante dado que constituye la cifra más alta registrada en los últimos nueve años. De acuerdo con el reporte del subsecretario, se observa un incremento del 16,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, evidenciando una tendencia al alza en la involucración de jóvenes en conductas criminales.
En cuanto a la tipificación de los delitos en los que participan estos menores, los datos son específicos. Predominan los robos violentos de vehículos, los cuales representan el 36,8% de los casos. Le siguen los robos cometidos con violencia o intimidación, que alcanzan un 25,1%, y el porte ilegal de armas, que constituye el 15,4% de las acciones delictivas protagonizadas por este grupo etario.
Estas revelaciones se produjeron en el marco del seminario “Encuentros UC de Seguridad Pública: Prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales”. El evento sirvió como plataforma para reunir a diversas autoridades comunales, exautoridades de Gobierno y expertos en la materia, con el objetivo central de analizar y proponer estrategias efectivas para frenar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
Durante el encuentro, la exministra del Interior, Carolina Tohá, hizo hincapié en la necesidad crítica de implementar mecanismos de detección temprana. Según Tohá, es fundamental identificar señales de riesgo antes de que el joven se involucre formalmente en actividades delictuales. Entre los indicadores que deberían activar alertas inmediatas mencionó el ausentismo escolar, los problemas de convivencia y la presencia de violencia intrafamiliar.
La exministra enfatizó que el Estado y las comunidades no deben esperar a que se produzca una situación grave o un delito concreto para intervenir. En sus palabras, el hecho de que un niño comience a mostrar inclinación a abandonar el colegio o que se detecten situaciones de vulneración de derechos debe ser una alarma suficiente para activar todos los recursos disponibles, evitando así que se consolide un compromiso delictual.
Por su parte, Catalina Droppelmann, directora de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad, entregó una visión crítica sobre el estado actual de las políticas públicas. Droppelmann advirtió que las estrategias de prevención de la delincuencia juvenil se encuentran debilitadas en la actualidad. La experta señaló que existe una desarticulación en los programas vigentes y planteó la urgencia de coordinar estas iniciativas para fortalecer el trabajo territorial directo con las familias.
Para Droppelmann, la prevención no puede limitarse únicamente a la ejecución de programas aislados, sino que debe enfocarse en la generación de un tejido comunitario sólido. La especialista resaltó que es imperativo que los jóvenes se integren en sus propios territorios y logren construir un proyecto de vida viable, algo que solo es posible mediante un aumento en la cohesión social.
Finalmente, el seminario presentó los resultados de un estudio basado en encuestas realizadas a más de 260 jóvenes, la mayoría de los cuales se encontraban en situación de internación provisoria. Estos jóvenes provenían principalmente de comunas periféricas de Santiago, Valparaíso y la zona fronteriza de Tarapacá.
Los resultados del estudio arrojan una realidad cruda sobre el entorno de estos menores: dos de cada tres jóvenes afirmaron haber crecido en barrios donde el tráfico de drogas es una realidad cotidiana. Además, un 51,9% de los encuestados señaló haber estado expuesto a balaceras y un 70,2% admitió haber visto a algún familiar cometer delitos, lo que subraya la normalización de la violencia y la criminalidad en sus círculos más cercanos.
