El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Denver, ha emitido un fallo relevante sobre la intersección entre la práctica del derecho y las nuevas tecnologías. Según la resolución publicada el pasado viernes 30 de octubre, el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de un estudio jurídico no impone, por sí mismo, la obligación de reducir los honorarios que la parte perdedora de un litigio debe sufragar.
La controversia legal surgió en el marco de una disputa por secretos comerciales, identificada en el expediente como Flux Drive contra Sparks (número 25-1308). En este caso, el tribunal confirmó que la empresa Flux Drive debía abonar la suma de 114.663,11 dólares a los abogados de los demandados. La empresa, que resultó perdedora en el juicio, había argumentado que la factura presentada era excesiva, basando su postura en que la implementación de la inteligencia artificial había reducido significativamente las horas de trabajo requeridas para llevar a cabo la defensa.
El panel de jueces encargado de la resolución, compuesto por Carolyn McHugh, Matheson y Federico, rechazó los argumentos de Flux Drive. En la opinión firmada por la jueza McHugh, se señaló explícitamente que la empresa no aportó pruebas concretas que demostraran que el uso de la IA hubiera inflado las horas cobradas por los profesionales del derecho.
Si bien el tribunal reconoció que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ahorrar tiempo en tareas de investigación y que, en consecuencia, esto podría conducir a una disminución del monto de los honorarios, el fallo puso un énfasis particular en las responsabilidades profesionales. La corte precisó que las normas éticas vigentes obligan a los letrados a verificar exhaustivamente los casos que citan y a garantizar que cada argumento presentado tenga un sustento legal sólido y real.
Para comprender el origen de este pago, es necesario remitirse a la legislación de Colorado. La sección 13-17-201 de sus Estatutos Revisados ordena que se concedan honorarios razonables al demandado cuando una acción basada esencialmente en responsabilidad civil extracontractual sea desestimada antes del juicio mediante una moción bajo la Regla 12(b). Esta regla incluye la falta de jurisdicción personal, que fue precisamente el motivo por el cual el juez de primera instancia desestimó la demanda interpuesta por Flux Drive contra un grupo de personas y empresas por el supuesto robo de secretos comerciales. El Décimo Circuito subrayó que esta norma estatal es aplicable también en los tribunales federales.
Flux Drive no solo apeló el monto inicial de los honorarios, sino también la desestimación del caso y una ampliación posterior de los costos, ya que los demandados solicitaron dinero adicional por los gastos derivados de la discusión sobre los propios honorarios. La empresa alegó tres puntos fundamentales para impugnar los cobros: primero, que los abogados habían facturado el mismo trabajo varias veces en distintos escritos; segundo, que se habían aplicado tarifas de socio para realizar tareas meramente administrativas; y tercero, que las horas cobradas debieron ser menores debido al apoyo en la IA y otras herramientas de investigación en línea.
El tribunal descartó los tres puntos. Respecto a los dos primeros, indicó que Flux Drive no logró identificar entradas de facturación concretas que respaldaran tales irregularidades. Sobre el tercer punto, la corte reiteró que los demandantes no demostraron que el uso de la IA hiciera que las horas efectivamente trabajadas fueran irrazonables. La resolución se apoyó en el hecho de que el magistrado de primera instancia ya había revisado detalladamente la declaración jurada y el desglose hora por hora, verificando que el tiempo se registrara por décimas de hora, que no se agruparan tareas distintas en un solo cobro y que se hubieran realizado reducciones de tiempo cuando correspondía.
Como medida de advertencia, el fallo citó casos recientes donde abogados fueron sancionados por utilizar IA sin comprobar los resultados. Se mencionó específicamente el caso de una abogada que utilizó una herramienta de IA generativa para redactar un recurso de apelación y citó causas inexistentes, recibiendo sanciones del mismo Décimo Circuito este año.
Es importante notar que esta resolución tiene un alcance acotado. El tribunal define quién posee la carga de la prueba en disputas sobre honorarios fijados por un juez: quien sostenga que la IA infló la cuenta es quien debe presentar las pruebas de horas concretas. El fallo no establece cuánto puede cobrar un estudio a un cliente mediante contrato privado, dejando abierta la puerta a que otros casos tengan resultados distintos si existen pruebas específicas.
El debate sobre la facturación del trabajo asistido por IA presenta visiones divergentes en Estados Unidos. Por un lado, la Corte Suprema de Virginia aprobó en noviembre de 2025 una opinión ética donde sostiene que menos tiempo de trabajo no implica automáticamente honorarios menores, ya que el abogado aporta el criterio profesional para corregir y verificar la producción de la IA. Por otro lado, el colegio de abogados de Nueva York indicó, según Law360 el 2 de noviembre, que los abogados no deben cobrar a los clientes el tiempo ahorrado gracias a la IA ni el tiempo invertido en aprender a usar nuevas herramientas.
Finalmente, con la suma ampliada por los gastos de discusión de honorarios, los acusados obtuvieron un total aproximado de 185.000 dólares, según informó Bloomberg Law.
