La localidad de Pozo Hondo, ubicada en el departamento Jiménez, se encuentra conmocionada tras la denuncia por un presunto abuso sexual sufrido por una adolescente de 15 años. El hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, ha puesto en el centro del debate no solo la seguridad de los menores en eventos nocturnos, sino también el accionar de los responsables de los establecimientos recreativos y la transparencia de las investigaciones preliminares.
El caso salió a la luz cuando la menor fue hallada inconsciente en la vía pública. Tras un primer traslado al hospital distrital, su estado de salud y la gravedad de la situación obligaron a los profesionales médicos a derivarla al Hospital Independencia, en la ciudad Capital, donde recibió atención especializada y se le realizaron los estudios correspondientes. La denuncia formal fue impulsada por la madre de la joven, oriunda de Las Cejas, provincia de Tucumán, quien manifestó que su hija habría sido víctima de una agresión sexual durante la noche.
Según los relatos difundidos, la adolescente habría sido abordada por tres jóvenes durante la madrugada. No obstante, las autoridades aún trabajan para establecer con precisión las circunstancias del episodio, identificar plenamente a los involucrados y determinar el lugar exacto donde se cometió el delito. En este contexto, los familiares de la víctima han comenzado a plantear serias dudas sobre las versiones brindadas por los responsables del local bailable "The King", donde se desarrollaba una fiesta al momento del suceso.
Rita Cejas, tía de la adolescente, se convirtió en una de las voces más críticas en el reclamo por justicia. La mujer cuestionó abiertamente las explicaciones recibidas por parte de Emanuel Jaime, propietario del establecimiento. Según Cejas, existen contradicciones fundamentales sobre el horario en que su sobrina se retiró del baile y el funcionamiento de las cámaras de seguridad. Mientras que testigos y conocidos de la familia, residentes de Las Cejas, afirmaron que la joven permaneció en el local casi toda la noche y salió aproximadamente 40 minutos antes de finalizar el evento, el propietario habría sostenido una versión diferente.
La controversia se agrava al analizar el registro audiovisual. Rita Cejas señaló que Jaime le aseguró que las cámaras estaban encendidas y que las imágenes mostraban que la adolescente se había retirado temprano y no había regresado. Sin embargo, esta declaración choca frontalmente con la información difundida inicialmente, donde se consignó que el organizador había manifestado que las cámaras del establecimiento permanecieron apagadas durante toda la noche. Ante estas discrepancias, la familia ha solicitado que la Justicia convoque formalmente al propietario para que brinde explicaciones y se determine la existencia real de registros que permitan reconstruir los movimientos de la menor.
Además del hecho delictivo, la familia ha denunciado una falta total de controles en el ingreso al boliche. Según el relato de la tía, al evento asistieron entre 30 y 40 personas provenientes de Las Cejas, incluyendo a varios menores de entre 14 y 15 años. La mujer cuestionó que no existieran filtros suficientes para impedir el ingreso de adolescentes ni controles sobre el consumo de bebidas alcohólicas dentro del local, solicitando que se investigue la responsabilidad administrativa y penal del organizador.
Por su parte, el intendente de Pozo Hondo, Alejandro Albornoz, aportó un dato clave sobre el posible escenario del crimen. El jefe comunal explicó que frente al boliche se encuentra la antigua estación ferroviaria, espacio que actualmente alberga el Concejo Deliberante. Albornoz detalló que en las inmediaciones de dicho edificio existen dos habitaciones anexas, una destinada a cocina y otra a baño. El intendente señaló que, según la información recibida, el hecho podría haber ocurrido allí, mencionando que "han roto la puerta" de ese sector.
En cuanto a la situación legal de "The King", Albornoz reconoció que el establecimiento ya contaba con antecedentes de irregularidades y multas previas relacionadas con las condiciones de sus baños. El municipio, a través de la Oficina de Calidad de Vida, solicitará un informe policial para determinar las medidas administrativas a seguir, advirtiendo que, de comprobarse las irregularidades, se podría proceder a la clausura del local.
Finalmente, el caso tomó un giro polémico cuando el equipo periodístico de Noticiero 7, mientras realizaba la cobertura en la zona, fue demorado por efectivos policiales. Las imágenes difundidas muestran el momento en que el cabo Jiménez y el agente Paz interceptaron a los periodistas en la vía pública para solicitar sus datos personales y fotografiar sus documentos nacionales de identidad. Este incidente ha sumado tensión a una causa que ya genera profunda preocupación en la comunidad. Actualmente, la investigación se encuentra bajo la intervención del fiscal Gustavo Montenegro, quien es el encargado de esclarecer los hechos, identificar a los agresores y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
