El Partido Republicano, bajo el liderazgo de su presidenta, María Fernanda Cabal, ha manifestado formalmente su rechazo a la implementación de los nuevos gravámenes contemplados en el proyecto de Ley de Rescate Económico. La colectividad política sostiene que el Gobierno Nacional debe priorizar la búsqueda de alternativas internas para sanear las finanzas públicas, enfocándose principalmente en una reducción significativa del gasto estatal en lugar de trasladar la carga financiera a los ciudadanos.
A través de un pronunciamiento oficial, la dirigente señaló que, si bien es imperativo que Colombia recupere el equilibrio fiscal para garantizar la estabilidad económica, es cuestionable que los ajustes necesarios recaigan sobre las personas, el consumo y el trabajo. Para respaldar su postura, el partido citó datos técnicos indicando que, para el año 2025, el déficit primario alcanzó el 3,5 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto primario se situó en el 19,9 %.
María Fernanda Cabal fue enfática al señalar que la responsabilidad del actual estado de las finanzas públicas no debe ser atribuida a los sectores productivos más vulnerables. “Ese hueco fiscal no lo abrió el tendero, ni el transportador, ni la familia que madruga a trabajar. No pueden ser los colombianos quienes paguen otra vez la cuenta de un Estado que gasta más de lo que puede financiar”, afirmó la presidenta del partido, subrayando la injusticia de imponer nuevas cargas tributarias a quienes ya sostienen la economía real del país.
Para el Partido Republicano, la solución al problema fiscal no puede limitarse únicamente a la lucha contra la corrupción. La colectividad propone una estrategia integral que incluya una revisión exhaustiva de los recursos que utiliza el Estado, un análisis crítico de las funciones que cumple la administración pública y la identificación de gastos que puedan ser eliminados o reducidos sin afectar la prestación de servicios básicos.
En este contexto, la dirigente recordó que durante su campaña presidencial presentó una propuesta denominada MEGA 2040. Este plan contempla una serie de medidas estructurales destinadas a optimizar el funcionamiento del Estado, tales como la reducción de la estructura ministerial, la eliminación de entidades con funciones duplicadas, la revisión de subsidios que resulten ineficientes, la racionalización de la contratación pública y la venta de activos improductivos con el objetivo de disminuir la deuda nacional.
Cabal cuestionó la lógica del Gobierno al no priorizar una reforma administrativa profunda antes de solicitar más dinero a los contribuyentes. Según la líder política, el objetivo no es debilitar la capacidad del Estado, sino eliminar la burocracia excesiva y los gastos innecesarios, asegurando que se protejan la seguridad, los servicios esenciales y aquella inversión pública que efectivamente genere productividad para el país.
No obstante, el Partido Republicano reconoció que el proyecto de ley no carece de puntos positivos. La colectividad admitió que la iniciativa incluye disposiciones orientadas a la reorganización de entidades, la reducción de gastos de funcionamiento y una disminución gradual de la tarifa de renta empresarial, medidas que consideran favorables. Sin embargo, advirtieron que cualquier medida fiscal debe ser compatible con la "Misión Crecer", impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.
La presidenta del partido puso en duda la coherencia de la política gubernamental al preguntar: “¿Cómo pretendemos estimular la inversión, la formalización y el crecimiento económico, mientras aumentamos las cargas sobre quienes trabajan, ahorran y producen?”. Desde su perspectiva, la disciplina fiscal y el crecimiento económico deben complementarse y no anularse mutuamente.
Como alternativa concreta, el Partido Republicano propuso el retiro de los nuevos impuestos propuestos en el proyecto de ley. En su lugar, sugieren que los recursos que el Gobierno espera recaudar a través de estos gravámenes sean reemplazados por una reducción real del gasto público. El partido plantea que dichos ahorros deberán ser cuantificados y demostrados técnicamente durante el debate legislativo correspondiente.
Finalmente, María Fernanda Cabal insistió en que Colombia necesita transitar hacia un sistema tributario más simple y competitivo, que incentive la inversión y la generación de riqueza. Concluyó su intervención planteando un interrogante sobre la voluntad del Gobierno: “Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los colombianos, preguntémonos cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado. Porque la verdadera discusión no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye al progreso del país”.
