¿Es necesaria una nueva ley para proteger los bienes de las parejas del mismo sexo o bastan las herramientas legales actuales? Este es el núcleo del debate generado por la propuesta del diputado Jatar “Oso” Fernández, quien plantea la creación de un contrato civil para parejas, incluyendo a personas del mismo sexo.
El objetivo de Fernández es brindar “tranquilidad jurídica” y evitar que, en casos sucesorios, parientes lejanos puedan realizar reclamos, asegurando que las parejas homosexuales puedan desenvolverse mejor administrativa y jurídicamente.
Sin embargo, la iniciativa cuenta con la oposición del pastor Miguel Ortigoza, vocero de grupos provida y profamilia. Ortigoza sostiene que el Estado no debe intervenir en acuerdos privados, ya que los derechos patrimoniales pueden resguardarse mediante testamentos, transferencias en vida o la creación de sociedades como SA o SRL. No obstante, el pastor admitió un límite crítico: si ocurre una muerte inesperada antes de realizar dicha planificación, los mecanismos actuales no son suficientes.
La controversia también es jurídica y política. Mientras el diputado asegura que su proyecto no cambia la figura del matrimonio ni constituye a estas parejas como familia, Ortigoza invoca el artículo 54 de la Constitución sobre la protección del niño y afirma que la familia debe formarse por un hombre y una mujer.
Sobre la posibilidad de que esta figura abra la puerta a la adopción o a una familia redefinida, Fernández respondió que esto "nunca" sucedería. Por el contrario, Ortigoza advirtió que esto representaría un primer paso hacia la formalización social y la posterior solicitud de adopciones, basándose en lo ocurrido en otros países.
Hasta el momento, no se ha presentado el articulado detallado del proyecto para contrastar ambas posturas.
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