Diversos reportes preliminares, que hasta el momento no han sido confirmados por las autoridades oficiales, indican que el Ejército venezolano habría llevado a cabo un bombardeo contra un campamento perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La operación militar se habría desarrollado en el sector de Buena Vista del Meta, ubicado en el estado Apure, una zona estratégica y fronteriza con el territorio colombiano.
La información fue difundida inicialmente a través de las redes sociales por Rocío San Miguel, quien se desempeña como presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. A través de su cuenta en la red social X, San Miguel señaló que reportes locales apuntaban a la ejecución de este presunto ataque aéreo contra las instalaciones del grupo armado irregular en la mencionada localidad fronteriza. En su declaración, la especialista indicó que miembros del ELN habrían sido dados de baja durante la acción, subrayando que se permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Estado venezolano para determinar con exactitud el número total de fallecidos y el alcance operativo de la misión militar.
De manera complementaria, el exdiputado Juan Francisco García Escalona, quien coordina la organización Fundaredes en el estado Apure, denunció este sábado 31 de octubre que la operación habría tenido lugar el pasado viernes en la zona fronteriza. Según la información proporcionada por García Escalona, el balance preliminar del ataque sugiere un saldo de al menos 19 personas fallecidas y un número indeterminado de heridos.
El exparlamentario detalló que, de acuerdo con los datos preliminares recibidos sobre el bombardeo, nueve de los cuerpos habrían sido trasladados a la ciudad de San Fernando. En dicha localidad, una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaría encargada de realizar los procedimientos forenses correspondientes para la identificación de las víctimas. Por otro lado, García Escalona informó que otros 10 cadáveres permanecerían aún en el lugar donde ocurrió el presunto ataque, mientras que varios de los heridos habrían logrado desplazarse hacia territorio colombiano para buscar refugio o atención médica.
En relación con las evidencias encontradas en la zona, el dirigente señaló que habitantes de Puerto Páez hallaron diversos documentos y pertenencias personales en el área del bombardeo. Entre los objetos recuperados se encuentran identificaciones y licencias de conducir a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Juan Carlos Guerrero Márquez, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal. Asimismo, se reportó el hallazgo de una credencial vinculada a una empresa de servicios aeroportuarios con sede en Miami.
Es importante destacar que, hasta la fecha, no existe un balance oficial emitido por el gobierno o el comando militar que permita comprobar las cifras de víctimas ni establecer la identidad formal de los fallecidos.
Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión en el sur del país, tras aproximadamente veinte días de reportes sobre enfrentamientos en la región. García Escalona afirmó que pobladores indígenas han informado sobre movimientos armados constantes en Los Pijiguaos, estado Bolívar, así como en las cercanías del Paso del Burro, zona situada entre los ríos Meta y Orinoco. Según el coordinador de Fundaredes, estos enfrentamientos responderían a disputas territoriales en áreas donde se llevan a cabo actividades de explotación de bauxita y coltán.
El dirigente sostuvo que durante años ha advertido sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en esta región, asegurando que los testimonios de los habitantes describen la existencia de sitios utilizados como retaguardia y puntos de acopio para el tráfico de cocaína.
Finalmente, García Escalona denunció que se han ejercido presiones contra los habitantes de diversas localidades, mencionando específicamente a San Rafael, El Terrón, Capanaparo, Achaguas, Quintero y Elorza. También hizo referencia a señalamientos relacionados con Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula, acusando directamente a algunas autoridades regionales y municipales de mantener vínculos con organizaciones armadas irregulares en la zona.
