Miles de maestros y auxiliares de Educación, tanto activos como cesantes, llevaron a cabo una jornada de movilización masiva en las principales vías de la provincia de Ica. Esta protesta tuvo como objetivo central la defensa de sus derechos laborales y económicos, congregando a un amplio sector del magisterio regional que manifestó su descontento frente al Gobierno Central.
La jornada de protesta contó con una participación diversa y representativa de diversas zonas. Se sumaron docentes procedentes de Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Yauca del Rosario, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla, San Juan Bautista, Tate, Pachacútec, Ocucaje, San José de Los Molinos, Salas y Santiago. El punto de encuentro inicial fue la Casa del Maestro, donde los manifestantes se concentraron para coordinar el inicio de su recorrido por las calles de la provincia.
Bajo el lema “El pan que no se lucha, se come con vergüenza”, los educadores expresaron sus demandas y exigieron que el Gobierno Central cumpla con los compromisos asumidos con el magisterio. Entre los puntos neurálgicos de su pliego de reclamos se encuentra la urgente reglamentación de la Ley N° 32581. Esta norma es fundamental para los docentes jubilados de la Carrera Pública Magisterial, ya que contempla el acceso a pensiones dignas. Específicamente, la ley establece que los jubilados deberían percibir una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial, monto que los manifestantes estiman en aproximadamente S/ 3,500. La falta de reglamentación y la ausencia de un financiamiento claro para esta norma fueron ejes centrales de la movilización.
Asimismo, el magisterio exigió la reglamentación de la Ley N° 31495. Esta disposición legal establece el pago de una bonificación especial del 30 % por concepto de preparación de clases. Los docentes demandan que este beneficio se haga efectivo de manera directa, sin que los trabajadores se vean obligados a recurrir a largos y costosos procesos judiciales para obtener lo que por ley les corresponde.
La agenda de reclamos no se limitó a estas leyes. Los manifestantes también exigieron la cancelación de bonificaciones pendientes, mencionando específicamente el Asignación Temporal COVID (ATS) y la Compensación Tributaria (CTS), además de otros beneficios laborales no resueltos. De igual manera, solicitaron el nombramiento de maestros y auxiliares de educación que aún se encuentran en situación de provisionalidad. En una mirada prospectiva, los docentes plantearon una demanda presupuestaria para el año 2027, solicitando que el Estado destine el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación.
Boris Barrientos, secretario regional del SUTEP Ica, brindó detalles sobre la magnitud de la protesta. Según Barrientos, aproximadamente el 95 % del magisterio regional se sumó a la movilización. Destacó que el malestar no se limitó únicamente a la ciudad de Ica, sino que hubo una participación activa de docentes en las provincias de Nasca, Palpa, Pisco y Chincha.
El dirigente del SUTEP enfatizó que la prioridad es lograr pensiones dignas para los cesantes y jubilados, así como un incremento presupuestario para el sector. Respecto a las advertencias emitidas por el Ministerio de Educación el día previo —donde se mencionaba la aplicación de descuentos salariales para aquellos maestros que no asistieran a las escuelas—, Barrientos señaló que dicha medida no logró frenar el paro. Por el contrario, sostuvo que estas advertencias contribuyeron a consolidar la determinación de los maestros y aumentaron la participación en las calles.
Por otro lado, la voz de los jubilados estuvo representada por Ricardo Orellana Huamán, presidente de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados de Educación de Ica. Orellana hizo un llamado enérgico al Gobierno central para que atienda las demandas de los maestros retirados, haciendo especial hincapié en la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas y el pago de la denominada "deuda social".
Orellana denunció la precaria situación económica de muchos docentes jubilados, revelando que algunos perciben pensiones mensuales que oscilan entre los S/ 400, S/ 600 y S/ 900. Calificó estas sumas como insuficientes para cubrir las necesidades básicas, resaltando que la situación es crítica para aquellos que padecen enfermedades y deben costear medicamentos y atención médica constante.
El representante de los cesantes recordó que el Estado mantiene obligaciones pendientes desde la década de 1990, referidas a reintegros que componen la deuda social. Además, comparó desfavorablemente los beneficios pensionarios del magisterio con los de otros sectores laborales. Finalmente, Orellana, quien dedicó 35 años de su vida al sector Educación, cuestionó los constantes cambios en las condiciones para acceder a la jubilación, instando a las autoridades a resolver estos reclamos históricos.
