El complejo entramado jurídico que rodea el denominado "Caso Jet Set" ha generado un intenso debate entre juristas, jueces y fiscales. La diversidad de interpretaciones sobre la tipicidad de los hechos sugiere, para diversos análisis, que la tragedia no puede ser encuadrada dentro de un delito penal, sino que debe ser abordada desde la responsabilidad civil y patrimonial.
El argumento central reside en la aplicación del principio de legalidad, considerado el pilar fundamental del derecho penal. Según este principio, para que una conducta sea sancionable, debe estar previamente tipificada de manera expresa, clara y precisa en una norma con rango de ley. En el Caso Jet Set, el hecho de que exista una multiplicidad de análisis divergentes para intentar descubrir su tipicidad es, en sí mismo, una evidencia de que el evento no se subsume claramente en ninguna descripción penal existente.
Al respecto, existe un consenso jurisprudencial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Estas instancias coinciden en que se vulnera el principio de legalidad cuando la conducta descrita no es clara ni precisa. El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0129/26, ha orientado que la claridad en la tipificación es una condición indispensable para la validez del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.
En sintonía con esto, la Sala Penal represiva de la SCJ (SCJ-SS-23-1160) ha subrayado que la legalidad debe ser cierta, previa, estricta y escrita. El objetivo es evitar la indeterminación de los tipos penales y la creación de leyes difusas que no manifiesten con claridad la consecuencia penal imputada. Asimismo, la corporación constitucional ha enfatizado la necesidad de certeza y exhaustividad en la descripción de las infracciones, prohibiendo estrictamente la interpretación por analogía.
El análisis técnico sobre la tipicidad revela que, si no hay una ley penal precisa que describa la conducta, no puede existir un delito. En el caso concreto, se cuestiona la aplicación del artículo 319 del Código Penal. Este artículo presenta una "remisión en blanco" a reglamentos que afecta la seguridad jurídica. Al examinar dichos reglamentos estatales, se observa que la responsabilidad jurídica recae en los funcionarios encargados de vigilar el entorno y el mantenimiento del inmueble, estableciendo una responsabilidad patrimonial para los funcionarios y no una responsabilidad penal para particulares.
Sobre el artículo 319, se discuten conceptos como la torpeza (falta de habilidad), imprudencia (ausencia de cautela), inadvertencia (distracción), negligencia (falta de cuidado) e inobservancia de reglamentos. Sin embargo, persiste la duda sobre qué reglamentos específicos habrían sido incumplidos.
Por otro lado, ha surgido una controversia procesal debido a que un tribunal intentó subsumir los hechos en el artículo 295 del código penal anterior. Esta variación jurídica fue previamente rechazada en la etapa preliminar y, según el artículo 327 del Código Procesal Penal (CPP), una variación solo es procedente si no ha sido considerada anteriormente. Además, el artículo 295 requiere un elemento subjetivo de intención (dolo). Esta premisa resulta contradictoria en este caso, ya que uno de los imputados fue también víctima de la tragedia, lo que plantearía la absurda interrogante de si dicha persona obró con el designio de matarse a sí misma.
Ante el vacío de un tipo penal que permita subsumir el Caso Jet Set, la solución se encuentra en el ámbito civil. El artículo 1386 del Código Civil establece categóricamente la responsabilidad por la cosa inanimada, determinando que el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina. A esto se suma la responsabilidad patrimonial del Estado, establecida en el artículo 148 de la Constitución, aplicable a las instituciones y funcionarios que, por acción u omisión antijurídica, provoquen daños y perjuicios.
En conclusión, la falta de una descripción penal exacta y la incapacidad de encajar los hechos en el artículo 319 confirman una situación de atipicidad. El proceso Jet Set no representa un hecho penal, sino un cuasidelito civil con una responsabilidad patrimonial inherente al Estado y sus funcionarios. La búsqueda incesante de un tipo penal donde encajar el evento solo confirma que dicha descripción no existe en la normativa vigente.
