La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha puesto en marcha un proceso de investigación detallado sobre la adquisición de seis camiones recolectores de basura destinados a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) de Quito. Este proceso surge a raíz de un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado, el cual ha puesto de relieve una serie de presuntas irregularidades técnicas y administrativas que podrían haber derivado en un perjuicio económico significativo para el erario público.
Según las estimaciones presentadas por el organismo de control, el presunto perjuicio económico vinculado a esta compra asciende a 786 923 dólares. La fiscalización, que inició formalmente la noche del 29 de octubre de 2026, busca determinar si el proceso de adquisición cumplió con todos los requisitos técnicos y legales vigentes, así como establecer las responsabilidades administrativas o legales que correspondan en caso de confirmarse las anomalías.
El impulsor de esta fiscalización, el legislador Fernando Jaramillo, perteneciente a la organización Acción Democrática Nacional (ADN), ha subrayado que el reporte de la Contraloría es claro al señalar presuntos incumplimientos en las especificaciones técnicas solicitadas originalmente. Uno de los hallazgos más críticos se refiere a la capacidad de carga de los vehículos: mientras que los pliegos técnicos estipulaban que los recolectores debían contar con una capacidad de carga de 3,5 toneladas, las verificaciones realizadas en el examen especial indicaron que los camiones entregados poseen únicamente una capacidad de 3,09 toneladas.
Además de la diferencia en la capacidad de carga, la investigación se centrará en otras inconsistencias técnicas reportadas en los componentes de los automotores. Entre las observaciones detalladas por Jaramillo se encuentran problemas relacionados con los chasis, la potencia de los motores y el sistema de frenos. Asimismo, se han identificado irregularidades en los números de identificación vehicular, lo que añade una capa de complejidad a la revisión de la legalidad de los activos adquiridos por Emaseo EP.
Otro punto fundamental que la Comisión de Fiscalización deberá analizar es la presunta omisión de una evaluación técnico-mecánica integral. De acuerdo con la información disponible, los vehículos fueron recibidos por la empresa pública sin que se hubiera realizado una inspección exhaustiva que validara que las máquinas cumplían con todas las normativas y especificaciones antes de su puesta en servicio.
El camino legislativo para llegar a esta etapa comenzó el pasado 20 de octubre, fecha en la que el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución que encargó a la Comisión de Fiscalización investigar este caso particular. Tras avocar conocimiento de dicha resolución, la mesa legislativa instaló su segunda sesión, realizada en modalidad virtual, para definir la hoja de ruta de la investigación.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Comisión aprobó una moción mediante la cual solicita formalmente al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y a la Contraloría General del Estado la entrega de los expedientes completos correspondientes a las etapas precontractual y contractual de la compra. Ambas instituciones cuentan con un plazo de diez días para remitir la documentación requerida.
La votación de esta moción reflejó la división política dentro de la comisión. El pedido fue aprobado con seis votos a favor, provenientes de Bruno Pino, María Paula Villacreses, José Nango, Fabiola Sanmartín, Luigi García y Jimmy Erazo, quienes representan a ADN y sus aliados. Por otro lado, los legisladores Amable Chica, Marcia Ortiz, Ana Herrera y Nanki Saant, pertenecientes a la Revolución Ciudadana (RC), emitieron su voto en contra.
María Paula Villacreses, quien se desempeña como presidenta encargada de la comisión, señaló que en las próximas sesiones se definirá una agenda de trabajo estructurada. Esta planificación no se limitará únicamente a la revisión de documentos, sino que incluirá comparecencias de las autoridades de las entidades involucradas en el proceso de compra. Además, Villacreses adelantó que la mesa contará con el asesoramiento de profesionales expertos en materia de contratación pública, ingeniería automotriz y especialistas en el funcionamiento técnico de camiones recolectores de basura.
Una vez que la Comisión haya recibido y analizado la información solicitada al Sercop y a la Contraloría, dispondrá de un plazo de 30 días para elaborar y aprobar un informe final. Este documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde deberá ser conocido y debatido para determinar las acciones a seguir respecto a las responsabilidades identificadas.
