El sistema penitenciario de Costa Rica ha dado un paso significativo en la gestión de sus poblaciones más conflictivas con la puesta en funcionamiento del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, conocido por sus siglas como CACCO. Este 27 de octubre de 2026, las autoridades competentes llevaron a cabo el traslado e ingreso de los primeros 123 privados de libertad, todos ellos clasificados bajo la categoría de alta peligrosidad, hacia las instalaciones de este nuevo recinto.
El proceso de ingreso estuvo marcado por un despliegue de seguridad sumamente estricto, diseñado para garantizar el control total sobre los internos desde el primer momento de su llegada. Las primeras imágenes difundidas por los organismos oficiales revelaron un protocolo visual y operativo riguroso: todos los reclusos vestían el tradicional traje de color anaranjado y presentaban la cabeza completamente rapada. Este procedimiento, sumado a la custodia armada, subrayó la naturaleza de alta seguridad que regirá en el complejo.
Dentro del grupo de los 123 internos trasladados, las autoridades destacaron la presencia de tres individuos sospechosos de haber cometido el homicidio del oficial de policía Gerson Rosales. Estos sujetos fueron custodiados fila por fila, bajo una vigilancia permanente, mientras hacían su ingreso a las modernas instalaciones que ahora albergarán a los perfiles criminales más complejos del país.
El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado ha sido proyectado como una infraestructura de vanguardia. El recinto se caracteriza por el uso de tecnología de punta y un sistema de videovigilancia operativa las 24 horas del día, lo que permite un seguimiento exhaustivo de cada rincón del complejo. En cuanto a su capacidad arquitectónica, el CACCO está diseñado para albergar a un total de 5.100 privados de libertad. Esta población se distribuirá en cinco módulos diferenciados, optimizando así la organización y el control interno. Un detalle técnico relevante de la infraestructura es que las celdas cuentan con una extensión de 90 metros cuadrados, proporcionando un espacio estandarizado para los reclusos.
Uno de los objetivos fundamentales detrás de la apertura de esta megacárcel es la mitigación de la crisis de hacinamiento que ha afectado al sistema penitenciario. Según los datos proporcionados, la entrada en funcionamiento del CACCO busca reducir la tasa de sobrepoblación del sistema, la cual se encontraba en un 59%, con la meta de llevarla hasta un 15%. Esta reducción representa un cambio cuantitativo importante en la gestión de los espacios carcelarios del Estado.
La autoridad política y administrativa ha sido enfática respecto al nuevo régimen de control. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, manifestó una postura firme sobre el mando en el nuevo centro, aseverando que “aquí no mandan los criminales, aquí manda el Estado costarricense”. Esta declaración refuerza la intención del Gobierno de recuperar y mantener la autoridad absoluta sobre los centros de detención, eliminando cualquier tipo de autogestión criminal dentro de los muros.
Complementando esta visión, el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, profundizó en los aspectos operativos del recinto. Bertozzi enfatizó que la seguridad no será intermitente, sino constante, asegurando que cada movimiento realizado dentro del complejo estará sujeto a un monitoreo estricto y a un control permanente. La combinación de la vigilancia tecnológica y la supervisión humana busca anular cualquier posibilidad de descontrol interno.
En resumen, el inicio de operaciones del CACCO con el ingreso de estos 123 reclusos de alta peligrosidad marca una nueva etapa en la política de seguridad penitenciaria. Con una capacidad total de 5.100 plazas distribuidas en cinco módulos, celdas de 90 metros cuadrados y un sistema de videovigilancia constante, el Estado costarricense apuesta por la tecnología y el rigor operativo para reducir el hacinamiento del 59% al 15% y garantizar que el control del recinto permanezca estrictamente en manos de las autoridades.
