La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que falleció pocas horas después de haber sido detenido en el sur de Bogotá y trasladado posteriormente a una estación de policía ubicada en el municipio de Soacha. El caso ha generado una fuerte reacción debido a las presuntas agresiones sufridas por la víctima mientras se encontraba bajo la custodia de los uniformados.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, Balanta fue víctima de presuntas agresiones físicas y el uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento de captura. Según la investigación, el detenido habría recibido múltiples golpes y descargas eléctricas mediante el uso de un dispositivo tipo táser. Estas acciones no se habrían limitado únicamente al momento de la detención, sino que, presuntamente, las agresiones continuaron una vez que el hombre fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha.
En dicho centro policial, los investigadores señalan que Donovan Balanta permaneció en condiciones degradantes, encontrándose esposado y semidesnudo. En medio de este escenario, la Fiscalía sostiene que la víctima manifestó explícitamente tener dificultades para respirar y solicitó urgentemente atención médica. A pesar de que otra persona que también se encontraba detenida en el lugar advirtió a los oficiales sobre la gravedad del estado de salud de Balanta y la necesidad imperiosa de auxiliarlo, los elementos recopilados indican que transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que se procediera a su traslado a un centro hospitalario.
Al llegar al centro asistencial, el estado de Donovan Balanta era crítico: no presentaba respiración y su pulso era débil. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció horas después. El dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue determinante para la línea de investigación, ya que relacionó directamente la causa de la muerte con una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas recibidas.
La investigación actual se centra en establecer con precisión las circunstancias de las agresiones, evaluar la calidad de la atención recibida por el detenido mientras estaba bajo custodia y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los uniformados implicados. En este sentido, la Fiscalía ha señalado roles específicos para cuatro miembros de la fuerza pública.
El patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres es señalado de haber aplicado varias descargas eléctricas a Balanta, tanto durante el procedimiento inicial en el sector de Caracolí como dentro de la estación policial. Adicionalmente, se le acusa de haber registrado en los documentos oficiales que el detenido recibió un trato digno y que sus derechos fundamentales fueron respetados, información que contrastaría con los hechos hallados por los investigadores.
Por otro lado, los uniformados Santiago Vargas Romero y Henar Santiago Tapiero Tique estarían implicados directamente en las presuntas agresiones físicas perpetradas contra la víctima. Asimismo, la Fiscalía ha señalado al mayor Roque Correa Yánez, quien, en su calidad de superior, habría permitido que las agresiones ocurrieran dentro de la estación, no dispuso el traslado oportuno de Balanta a un centro médico y habría registrado información presuntamente contraria a la realidad de los hechos.
Debido a la gravedad de los hechos, Giraldo Torres y Correa Yánez fueron imputados no solo por los cargos de tortura y homicidio agravado, sino también por falsedad ideológica en documento público. Hasta el momento, ninguno de los cuatro policías involucrados ha aceptado los cargos imputados en su contra.
El proceso judicial está siendo adelantado por fiscales de la Seccional Cundinamarca y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Dada la naturaleza del caso, la investigación cuenta con un enfoque diferencial étnico-racial, especialmente tras la solicitud de la Defensoría del Pueblo para investigar si existió discriminación racial en el procedimiento que terminó con la vida de Donovan Balanta. Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
