En un avance significativo del proceso judicial relacionado con la muerte de Donovan Balanta Paz, un juez de control de garantías ha tomado la decisión de enviar a un centro de reclusión, de manera preventiva, a cuatro uniformados de la Policía Nacional adscritos a la estación de Soacha. Los implicados, que consisten en un mayor, un subintendente y dos patrulleros, permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra por los presuntos delitos de homicidio y tortura agravada.
El caso se centra en los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, donde Donovan Balanta Paz, un líder comunitario afrodescendiente de 34 años y padre de dos hijos, perdió la vida tras una serie de agresiones. La decisión judicial de este lunes responde a una solicitud formal presentada por el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y por Alí Bantú Ashanti, quien actúa como el abogado representante de las víctimas en este proceso.
Durante la audiencia, la cual fue realizada de manera reservada debido a que el ente acusador informó sobre la necesidad de realizar nuevas capturas, el fiscal detalló el material probatorio que sustenta las imputaciones contra los cuatro uniformados. De acuerdo con la Fiscalía, los procesados enfrentan cargos por homicidio y tortura agravada. Adicionalmente, dos de los policías implicados también han sido acusados del delito de falsedad en documento público.
Un aspecto crítico resaltado por el representante del ente acusador es la motivación detrás de los hechos. Según la Fiscalía, la ejecución de la conducta punible estuvo "inspirada en móviles de discriminación referidos a la raza", señalando un componente racista en el actuar de los uniformados. En este sentido, se han mencionado frases de corte racista que habrían sido lanzadas por un intendente durante el procedimiento.
La reconstrucción de los hechos revela que Donovan Balanta Paz fue víctima de golpes y de múltiples descargas de un dispositivo Taser. Según la investigación, estas agresiones continuaron incluso dentro de las instalaciones de la estación de Policía. Se señala que el líder comunitario permaneció aproximadamente 20 minutos en el lugar presentando dificultades respiratorias y dolor en el pecho, solicitando atención médica que, según los hallazgos de la Fiscalía, no fue brindada de manera oportuna.
En cuanto a las pruebas forenses, la necropsia realizada al cuerpo de Balanta Paz constató lesiones compatibles con el uso de dispositivos de conducción eléctrica, además de diversos golpes y otras lesiones físicas. El informe de Medicina Legal consignó que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo de conducción eléctrica. No obstante, el documento también precisó que el estudio histopatológico, por sí solo, no permite establecer una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.
El proceso penal también ha puesto el foco en la gestión documental de los implicados. Específicamente, se menciona que el mayor Correa y el patrullero Giraldo habrían mentido en documentos públicos para encubrir o alterar la realidad de lo sucedido durante la detención y posterior muerte del líder afrodescendiente.
Mientras cuatro de los implicados ya se encuentran en un centro carcelario, la justicia continúa la búsqueda de otro uniformado. El patrullero Nahumer Hernando Vergel Lozano se encuentra actualmente prófugo de la justicia, lo que motivó el carácter reservado de la audiencia para no entorpecer las labores de captura.
Este caso ha generado una profunda preocupación por la presunta vulneración de los derechos humanos y la discriminación racial dentro de los cuerpos de seguridad. El proceso penal seguirá su curso para determinar la responsabilidad final de los uniformados en el fallecimiento de Donovan Balanta Paz, mientras la representación de las víctimas insiste en que se haga justicia frente a los actos de tortura y discriminación reportados.
