A un mes de haberse registrado el fallecimiento de Donovan Balanta Paz, el mando de la Policía Metropolitana de Bogotá ha emitido declaraciones oficiales respecto a las circunstancias que rodearon este suceso. El Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la institución en la capital, se refirió específicamente a las denuncias que señalan un posible componente de discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento policial llevado a cabo en el barrio Caracolí, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
En sus declaraciones, el General Cristancho fue enfático al asegurar que, desde la perspectiva de la institución, no se trató de un hecho motivado por la discriminación racial. No obstante, el comandante aprovechó la oportunidad para reafirmar los principios que deben regir la labor policial en el territorio colombiano. Según el alto mando, la posición de la Policía es clara y tajante: ninguna actuación realizada por los uniformados puede situarse por encima de los mandatos de la Constitución Política, de la ley vigente, de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este pronunciamiento surge en un contexto de fuertes críticas y denuncias sobre presuntos excesos en el uso de la fuerza. El Brigadier General Cristancho reiteró que el respeto a la norma y a los derechos básicos es un pilar innegociable, independientemente de las circunstancias del procedimiento. En este sentido, el comandante subrayó que la institución mantiene una disposición total para apoyar todas las investigaciones que permitan esclarecer la verdad de lo ocurrido el pasado 20 de septiembre.
En cuanto a las medidas administrativas y preventivas tomadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, el General informó que, desde el momento inicial del incidente, se procedió a separar de sus cargos a los siete uniformados que estuvieron involucrados en el caso. Esta acción inmediata permitió que el proceso avanzara hacia el ámbito judicial, resultando en la captura de cuatro de los agentes implicados.
El proceso legal ha avanzado significativamente tras la celebración de la audiencia de imputación de cargos. Durante este acto judicial, la Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas pertinentes que sustentan la responsabilidad de los uniformados capturados en la muerte de Donovan Balanta. Como resultado de esta diligencia y de la contundencia de los elementos probatorios expuestos por el ente acusador, los cuatro policías fueron enviados a un centro carcelario, donde permanecerán mientras se define su situación jurídica.
El Brigadier General Cristancho aclaró que, si bien la institución ha tomado medidas administrativas, la determinación de las responsabilidades penales es competencia exclusiva de las autoridades judiciales. Del mismo modo, señaló que las instancias competentes serán las encargadas de establecer las responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos. La Policía Nacional ha manifestado su respeto absoluto por el debido proceso y ha asegurado que estará atenta y presta a responder a todos los requerimientos que surjan en el marco de las investigaciones en curso.
Paralelamente a las acciones legales, la Policía Nacional ha emitido un mensaje de solidaridad dirigido a la familia de Donovan Balanta Paz. A través de un comunicado, la institución expresó que lamenta profundamente el fallecimiento del ciudadano. En dicho mensaje, se resaltó que, desde el primer instante, la institución adelantó las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, comenzando por la separación de los cargos de los uniformados presuntamente involucrados.
El caso de Donovan Balanta permanece bajo el escrutinio de la Fiscalía y los organismos de control, mientras se espera que las investigaciones determinen si hubo fallas en los protocolos de actuación policial o si se cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones en el sector de Ciudad Bolívar. La institución policial ha reiterado su compromiso con la transparencia y la ley en el desarrollo de este proceso judicial.
