A diecisiete días del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre, la península de Azuero atraviesa un proceso de reconstrucción marcado por profundas disparidades. Mientras en algunas localidades los trabajos de reparación ya han comenzado, en otras comunidades la incertidumbre prevalece y las familias continúan esperando que las autoridades evalúen los daños de sus viviendas para poder iniciar la recuperación de sus hogares.
En Parita, provincia de Herrera, la labor de reconstrucción se manifiesta en el trabajo de Francisco Ávila, un experto en la instalación de cubiertas con 35 años de trayectoria. Ávila ha retomado la tarea de colocar y asegurar tejas utilizando alambre de cobre y ganchos, una labor que ha realizado durante décadas en la región. Su oficio le ha permitido observar que las viviendas tradicionales, muchas de ellas construidas con barro, han mostrado una resistencia notable al movimiento telúrico. Según Ávila, en Parita las estructuras tradicionales se mantuvieron firmes, aunque el sismo desplazó las tejas y provocó daños que obligan a una revisión exhaustiva de las estructuras. No obstante, el trabajador es cauteloso y evita subir a techos que comprometan la seguridad sin contar con las condiciones necesarias.
A pesar de la resistencia de algunas casas, el impacto emocional del evento persiste. Ávila recuerda el momento del sismo como una experiencia aterradora en la que sentía que las casas se sacudían y que la tierra podría tragárselo, describiendo que los segundos del temblor se sintieron interminables.
Desde una perspectiva analítica, el sociólogo Milciades Pinzón, en La Villa de Los Santos, señala que el desastre ha puesto de manifiesto desigualdades históricas en la península. Pinzón vincula este evento con el sismo de 1913, que también afectó la región y dejó daños en templos como el de Macaracas y la torre de San Atanasio. Para el sociólogo, la comparación entre ambos eventos revela que, aunque la población ha pasado de ser mayoritariamente rural con casas de quincha a una mezcla de materiales modernos, persisten problemas estructurales.
La preocupación de Pinzón se centra no solo en los colapsos, sino en la posible pérdida del patrimonio arquitectónico. Teme que las familias, por miedo a nuevos sismos, decidan eliminar los elementos tradicionales de las casas de quincha al repararlas. Además, sostiene que el terremoto ha evidenciado la brecha entre las zonas costeras y las comunidades de montaña, donde el acceso a servicios básicos y la planificación urbana son deficientes. Para Pinzón, la reparación de paredes y techos es insuficiente si no se abordan problemas previos como el acceso al agua y el deterioro ambiental.
En el cerro Canajagua, la situación es más crítica. El maestro Alexis Cedeño, de la escuela Sergio González Ruiz, relata que la evacuación durante el sismo fue complicada debido a la presencia de torres y cables de alta tensión. Diecisiete días después, Cedeño acompaña a sus 14 estudiantes, muchos de ellos provenientes de hogares de bajos recursos. Alrededor del 30% de las viviendas en la zona sufrieron daños, algunas requiriendo reconstrucción total. Sin embargo, el acceso geográfico es un obstáculo mayor: muchas casas solo son alcanzables a pie, lo que ha impedido que las autoridades realicen las inspecciones necesarias para otorgar ayuda.
El impacto en la niñez es evidente. Cedeño reporta cambios drásticos en el comportamiento de los niños, quienes pueden pasar de la alegría al llanto en minutos, y reaccionar con pánico ante cualquier movimiento leve de la tierra. El docente enfatiza que los menores requieren un acompañamiento psicológico continuo y no una intervención aislada. Asimismo, hace un llamado a mantener las donaciones para la olla común que sostiene a los afectados en el cerro, definiendo la situación como una "caja de resistencia" y no de velocidad.
Finalmente, la emergencia se prolonga en El Bayano, donde 32 personas, incluidos varios niños, comparten un albergue provisional. Iturbides Cortés Cruz, uno de los residentes, describe una situación de vulnerabilidad donde deben protegerse de la lluvia y dependen enteramente de donaciones de vecinos, amigos y empresas privadas para alimentarse mediante una olla común. Cortés Cruz denuncia la falta de claridad por parte de las autoridades, señalando que aunque se les ha informado que sus casas no son habitables, no han recibido planes de reconstrucción ni materiales. La incertidumbre sobre el retorno a sus hogares convierte el albergue en un espacio de emergencia prolongada, donde la crisis persiste mucho después de que el temblor haya cesado.
