El Instituto Anticorrupción ha interpuesto una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con el objetivo de que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública. Esta acción jurídica surge a raíz de los señalamientos realizados por Deicy Jiménez en relación con el expresidente Gustavo Petro, buscando determinar si existieron anomalías en la gestión de recursos del Estado.
El documento, que lleva la firma de Camilo Alberto Enciso Vanegas, director de la organización, fue fechado el 25 de octubre de 2026. Además de la solicitud presentada ante la Cámara de Representantes, el Instituto Anticorrupción remitió el mismo expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que este organismo actúe dentro de sus competencias legales para investigar los hechos denunciados.
El núcleo de la solicitud radica en la necesidad de establecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares y si hubo irregularidades en los procesos de contratación estatal. Estas dudas nacen de las declaraciones de Deicy Jiménez, quien en una entrevista concedida a la revista Semana afirmó que existieron vínculos entre la adjudicación de contratos públicos y encuentros sexuales con Gustavo Petro durante el periodo en que este se desempeñaba como senador. Jiménez aseguró además que habría existido una red conformada por aproximadamente 40 mujeres a servicio del político y afirmó haber transportado sustancias ilícitas.
Desde el Instituto Anticorrupción se aclaró que los señalamientos fueron conocidos a través de publicaciones periodísticas. Por ello, la organización ha pedido a las autoridades competentes que determinen exactamente qué ocurrió y quiénes fueron los participantes en los hechos mencionados. Es importante subrayar que estas afirmaciones forman parte de denuncias que aún deben ser verificadas y probadas mediante los procesos judiciales correspondientes.
En paralelo a la denuncia, una verificación realizada por La FM reveló que Deicy Jiménez ha suscrito un total de diez contratos con diversas entidades estatales entre los años 2021 y 2026. Según los datos obtenidos del Portal Anticorrupción de Colombia, dependiente de la Secretaría de Transparencia, siete de estos contratos están vinculados a entidades del Congreso, dos fueron celebrados con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
De estos contratos, uno permanece vigente. Se trata de un acuerdo firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026, por un monto de $30.457.000, cuya fecha límite de ejecución está programada para el 31 de diciembre del año en curso. Este contrato consiste en la prestación de servicios de apoyo a la gestión para contribuir a la consolidación de informes de seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), entidad destinada a iniciativas de seguridad ciudadana y preservación del orden público.
En el documento presentado, el Instituto Anticorrupción solicita que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes defina si tiene la competencia para investigar los hechos atribuidos al expresidente Gustavo Petro y, en caso afirmativo, adelante las indagaciones pertinentes. Asimismo, se pide establecer cuáles son las autoridades encargadas de conocer los señalamientos dependiendo de la etapa en la que ocurrieron los hechos, diferenciando entre el periodo en que Petro fue congresista y su tiempo como mandatario.
La organización fue enfática al precisar que la denuncia no constituye una confirmación de las acusaciones contra Petro ni contra terceras personas. El propósito fundamental es que las autoridades competentes verifiquen la información, definan sus competencias y determinen si existen motivos suficientes para abrir una investigación formal.
Jurídicamente, el Instituto Anticorrupción plantea diversas hipótesis que deben ser examinadas, incluyendo posibles delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, tráfico de influencias y cohecho, además de otras conductas que atenten contra la administración pública. De manera específica, se solicita evaluar una posible concusión, analizando si el expresidente Petro, aprovechando sus cargos públicos, habría presionado a mujeres para obtener favores sexuales a cambio del ofrecimiento de contratos estatales.
Para sustentar estas indagaciones, la denuncia pide un examen exhaustivo de los contratos, los estudios previos, las hojas de vida de los contratistas, los informes de supervisión, los productos entregados, los pagos efectuados y los soportes que acrediten la idoneidad de las personas contratadas. Para ello, se solicita consultar los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y los archivos del Congreso.
Finalmente, el Instituto Anticorrupción sugiere que se tomen declaraciones a Armando Benedetti, debido a que Jiménez hizo referencias a una posible recomendación para obtener un contrato en el Ministerio del Interior, y a la senadora María José Pizarro, mencionada en relación con un contrato en el Senado.
