Luis Cordero advierte riesgo jurídico al ministro Rabat por suspender rebajas de condena

El exministro de Justicia, Luis Cordero, emitió una serie de advertencias críticas respecto a la gestión actual de la cartera que anteriormente lideró. En declaraciones entregadas este domingo durante una entrevista al programa Estado Nacional, de TVN, el exsecretario de Estado señaló que la decisión del actual titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, de suspender la firma de decretos relacionados con las rebajas de condena, podría exponer al ministro a un serio riesgo jurídico.

Según el análisis de Cordero, esta situación se deriva de la obligación imperativa que tienen las autoridades de resolver de manera oportuna todas las solicitudes presentadas por las personas privadas de libertad. El exministro enfatizó que, cuando se trata de solicitudes que pueden incidir directamente en la libertad de un individuo, el deber del Estado es pronunciarse con rapidez, ya sea en sentido positivo o negativo. Al suspender indefinidamente estas decisiones, Cordero sostiene que el ministro Rabat está asumiendo una vulnerabilidad legal innecesaria, pues la inacción administrativa no es una alternativa válida frente a la obligación de resolver.

En este sentido, Cordero explicó que los tribunales de justicia suelen aplicar criterios sumamente estrictos cuando se detectan demoras administrativas. Esto ocurre especialmente en casos donde, tras la aplicación de una rebaja de condena, una persona ya debería haber recuperado su libertad, pero permanece en prisión debido a la falta de firma de los decretos correspondientes.

La controversia se enmarca en una disputa sobre la interpretación de la legislación vigente desde 2022, la cual excluye del beneficio de rebaja de condena a quienes han sido sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Mientras que la administración de Gabriel Boric había rechazado estas solicitudes, algunas de ellas fueron posteriormente acogidas por los tribunales a través de recursos de amparo. Cordero cuestionó la interpretación jurídica adoptada por el actual Ministerio de Justicia en este proceso.

Respecto a las posibles repercusiones políticas, el exministro se refirió a las evaluaciones de sectores de la oposición sobre una eventual acusación constitucional contra Rabat. Cordero recordó que una de las causales para iniciar este proceso es haber dejado sin ejecución la ley. No obstante, matizó que el ministro Rabat podría basar su defensa en una interpretación jurídica plausible de la normativa. A pesar de ello, manifestó sus reparos frente al uso de las acusaciones constitucionales cuando estas se emplean primordialmente como una herramienta de disputa política.

Otro punto crítico abordado por Cordero fue la posibilidad de revertir los decretos de rebaja de condena que ya han sido firmados y ejecutados, en caso de que el Ejecutivo decida cambiar su interpretación jurídica. Al respecto, fue tajante al afirmar que retraer jurídicamente dichos beneficios sería prácticamente imposible una vez cumplidos. En consecuencia, señaló que aquellas personas que ya recuperaron su libertad bajo estos decretos permanecerían en esa condición.

Asimismo, el exministro fue crítico con la estrategia comunicacional del Gobierno. Cordero cuestionó la comparación realizada por el Ejecutivo entre los decretos de rebaja de condena firmados durante el gobierno anterior y los de la administración actual. Explicó que el decreto firmado por el exministro Jaime Gajardo respondía al cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que las decisiones actuales obedecen a una interpretación propia de la normativa por parte de la administración. Para Cordero, en el ámbito del derecho, los fundamentos de una decisión son tan relevantes como la decisión misma.

En relación con el uso de vocerías oficiales, Cordero criticó que se intenten construir argumentos litigiosos en espacios informativos institucionales en lugar de abordar el problema de fondo. Aludiendo a los criterios de la Contraloría, recordó que las autoridades deben actuar con veracidad al informar a la ciudadanía y sugirió que, en ocasiones, es preferible reconocer equivocaciones y pedir disculpas que profundizar en los conflictos.

Finalmente, el exministro se manifestó en contra de la creación de una nueva ley diseñada específicamente para abordar las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores. Cordero argumentó que la solución debe concentrarse en el proyecto de Ley de Ejecución de Penas, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en trámite en el Senado. Advirtió que una reforma aislada y centrada únicamente en esta controversia podría generar consecuencias negativas sobre otros mecanismos de cumplimiento de penas y beneficios penitenciarios.