A medida que se acercan las elecciones intermedias del próximo mes, la atención suele centrarse en la capacidad de los votantes para elegir a los ganadores. Sin embargo, la Corte Suprema, con una mayoría conservadora, ha sido la entidad encargada de establecer las reglas bajo las cuales se desarrollará el proceso. Mucho antes de que iniciara la votación anticipada para decidir el control del Congreso, el tribunal ejerció una influencia profunda mediante una serie de decisiones que han transformado la redistribución de los distritos electorales, las regulaciones sobre el financiamiento de campañas y los procesos de verificación de votantes.
Diversos fallos han sido señalados por favorecer la postura republicana. Entre las decisiones que recibieron menor atención pública, destaca un fallo reciente que permite a los partidos políticos, especialmente al Partido Republicano, destinar millones de dólares adicionales a publicidad televisiva en contiendas muy disputadas. Por otro lado, una sentencia de abril, aprobada por 6 votos contra 3, debilitó significativamente la capacidad de la Ley de Derecho al Voto para proteger a los votantes de minorías, lo que desencadenó una nueva ronda de redistribución de distritos en estados gobernados por republicanos.
Esta tendencia ha generado fuertes tensiones internas en el tribunal. La jueza Elena Kagan, integrante del bloque liberal, expresó una crítica extraordinariamente franca durante un evento reciente, señalando que la Corte se ha "cegado ante los efectos tan perjudiciales de sus fallos sobre el funcionamiento del sistema político", creando así una democracia que no opera como debería. Kagan, quien suele ser la jueza liberal más propensa a buscar acuerdos con los conservadores, ha sido contundente en materia electoral, redactando opiniones disidentes que advierten sobre consecuencias "de gran alcance y graves".
Desde perspectivas externas, el debate es polarizado. Jason Snead, director ejecutivo del Honest Elections Project, afirmó que las observaciones de la jueza Kagan son "retórica política" y que es incorrecto afirmar que el historial reciente de la Corte haya favorecido a los republicanos. En contraste, Samuel Spital, del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, argumentó que una mayoría de jueces no elegidos por voto popular ha desmantelado el núcleo de la Ley de Derecho al Voto, poniendo en grave peligro la democracia multirracial del país durante los últimos 13 años.
No obstante, no todas las resoluciones han respaldado la agenda republicana. Tanto jueces conservadores como liberales mostraron escepticismo ante los intentos de Donald Trump por modificar los sistemas de voto por correo. En septiembre, la Corte rechazó el intento del presidente de otorgar al Servicio Postal de EE.UU. la facultad sin precedentes de retener potencialmente millones de votos enviados por correo. Asimismo, en junio, una mayoría de 5 votos contra 4 respaldó leyes estatales que permiten recibir votos por correo días después de la jornada electoral.
En el ámbito de la redistribución de distritos, la decisión en el caso Louisiana vs. Callais fue determinante. El tribunal resolvió que la creación de un segundo distrito de mayoría negra en Louisiana constituía una manipulación racial inconstitucional. Esto permitió que Louisiana y Alabama redibujaran sus mapas electorales, impulsando una iniciativa sin precedentes de Trump para redistribuir distritos a mitad de la década, lo que resultó en una ventaja de nueve escaños para los republicanos.
Este clima de tensión se manifestó también en el intercambio entre la jueza Ketanji Brown Jackson, quien sugirió que la Corte estaba dejando de lado sus principios para influir en las elecciones, y el juez Samuel Alito, quien calificó dicha insinuación como "insultante". A pesar de esto, la Corte también frenó intentos republicanos en Missouri de redibujar un distrito para eliminar un escaño demócrata y permitió que California utilizara un mapa favorable a los demócratas.
Otras decisiones impactan el acceso al voto y el financiamiento. La Corte permitió que el Departamento de Seguridad Nacional proporcione verificaciones de ciudadanía basadas en bases de datos que críticos consideran erróneas, y avaló que Nueva Hampshire limite el uso de identificaciones estudiantiles para votar, una medida que afecta a un grupo demográfico donde los demócratas tienen una ventaja considerable. Finalmente, en materia económica, el tribunal eliminó límites al gasto coordinado entre partidos y candidatos federales, facilitando que el Comité Nacional Republicano destine más de 50 millones de dólares a sus candidatos, una situación que la jueza Kagan advirtió que podría fomentar la corrupción en la política.
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