Diversos sectores políticos, profesionales, religiosos e intelectuales manifestaron su enérgico rechazo ante las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien dirigió fuertes insultos y amenazas contra periodistas y legisladores. El malestar se generalizó tras la difusión de expresiones en las que el mandatario sugirió que quienes difundieran información falsa "se tienen que quemar en la hoguera", además de calificarlos como "hijos de puta".
Los dichos fueron pronunciados durante un discurso en la Fundación Faro, espacio dirigido por el militante e intelectual Agustín Laje. El foco de la ira presidencial estuvo puesto en los periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y en los legisladores que integraron la comisión investigadora sobre el tema. Lejos de moderar su discurso, el Jefe de Estado amplificó sus agresiones el pasado sábado a través de Radio Mitre y sus redes sociales, donde llegó a comparar a los profesionales de la prensa con materia fecal.
La Unión Cívica Radical (UCR) fue uno de los primeros espacios en denunciar que el mandatario "pasó todos los límites". A través de un comunicado, el partido alertó que se trata de hechos de "enorme gravedad institucional" y advirtió que los agravios presidenciales se han vuelto cotidianos y no pueden ser naturalizados. El radicalismo recordó sus posturas frente al menemismo en los años 90 y frente al kirchnerismo, exigiendo que el Presidente cese inmediatamente sus ataques a la libertad de expresión. En su mensaje, la UCR convocó a sectores sociales, empresariales, sindicales y religiosos a sumarse al reclamo, citando a Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.
Por su parte, el Frente Renovador repudió las declaraciones y subrayó que las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no debe interpretarse simplemente como un "exceso verbal". El espacio manifestó su solidaridad concreta con los periodistas Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, quienes fueron mencionados públicamente por Milei. El partido remarcó que la "hoguera pertenece a la historia de la intolerancia", mientras que la libertad de expresión es fundamental para el futuro de la democracia argentina.
La condena también llegó desde el ámbito académico y profesional. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA, hablando de una "escalada" de agravios y sosteniendo que el insulto nunca debe reemplazar a la refutación en una sociedad democrática. En sintonía, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado donde señaló que el presidente insulta repetidamente a los periodistas y mencionó la existencia de recientes amenazas de muerte, concluyendo que esta "violencia institucional afecta a la democracia".
Desde el sector legal, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó un texto titulado “Basta de ataques y amenazas”. La entidad, que nuclea a más de 90.000 abogados, advirtió que los principios de la república se ven amenazados ante tales comportamientos. Basándose en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Colegio señaló que no existe un "derecho al insulto" y que los dichos del presidente tienen un efecto intimidante debido a su investidura, lo cual lesiona directamente la libertad de expresión.
El rechazo también alcanzó a figuras del arco opositor y la sociedad civil. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal afirmó que la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia. Asimismo, la legisladora de Pro Silvia Lospennato advirtió que "normalizar la violencia verbal es jugar con fuego" y que cuidar la convivencia democrática es una obligación. Ricardo Gerardi, presidente del Club Político Argentino (CPA), calificó las expresiones de Milei como "coléricas" y "extremadamente groseras", sentenciando que un presidente es representante de una nación y no de "grupos de barrabravas desaforados".
Finalmente, el Instituto del Diálogo Interreligioso, mediante un comunicado firmado por el rabino Daniel Goldman, el presbítero Guillermo Marcó y Omar Abboud, llamó a defender una cultura democrática fundada en el respeto. El organismo subrayó que, en una sociedad pluralista, la firmeza de las convicciones debe ser inseparable del respeto por la dignidad ajena, rechazando cualquier descalificación basada en diferencias de ideas o creencias. A este coro de repudios se sumó Fuerza SUMA, que exigió al mandatario ejercer su cargo con la responsabilidad institucional que impone la Constitución.
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