Gendarmería de Chile y la Municipalidad de Quillota han formalizado un convenio de colaboración estratégica destinado a robustecer la atención de salud mental y ampliar la cobertura de las necesidades sanitarias de las personas privadas de libertad. A través de este acuerdo, se implementarán prestaciones especializadas mediante el uso de la telemedicina en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, integrando los esfuerzos del Departamento de Salud Municipal y el Centro de Salud Mental Vida Nueva.
El acto de firma se llevó a cabo este lunes en las dependencias de la unidad penal, contando con la rúbrica del director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, y el alcalde de la comuna de Quillota, Luis Mella. Este convenio destaca por ser el primero de sus características en ser implementado dentro de la Región de Valparaíso, marcando un avance en la coordinación entre los organismos penitenciarios y la red de salud local. La ceremonia contó además con la presencia de diversas autoridades regionales y provinciales, entre ellas el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González; la seremi de Salud, Mariol Luan; y la delegada presidencial provincial, Pilar Cuevas.
En cuanto a la ejecución del proyecto, se ha establecido que, en una primera etapa, la iniciativa se enfocará exclusivamente en la población penal femenina del establecimiento. El objetivo primordial de este enfoque inicial es acercar la atención especializada a las mujeres privadas de libertad, facilitando su acceso a diagnósticos y tratamientos de salud mental. No obstante, el convenio contempla una visión a mediano plazo, proyectando que estas prestaciones de telemedicina puedan extenderse progresivamente al resto de la población penal del recinto.
El coronel Pablo Torres, director regional de Gendarmería, subrayó que la puesta en marcha de esta medida traerá beneficios directos tanto para los internos como para la operatividad y seguridad del establecimiento. Según detalló el coronel, esta acción fortalece la conexión con la red de salud municipal, pero añade un componente crítico de seguridad. Torres explicó que, al evitar los traslados de personas privadas de libertad a recintos de salud externos, se reducen significativamente los riesgos asociados a tales movimientos. Asimismo, señaló que esta modalidad permite que el personal uniformado, que habitualmente debe escoltar estos traslados, pueda enfocarse en las tareas propias del régimen interno del centro.
Por su parte, el alcalde Luis Mella resaltó el carácter innovador del proyecto desarrollado conjuntamente con Gendarmería. El jefe comunal enfatizó la importancia de apoyar a las personas en su proceso de rehabilitación, reconociendo que el acceso a la salud mental es una necesidad humana fundamental para mejorar diversas situaciones personales. Mella agradeció la colaboración de Gendarmería y de las autoridades presentes, expresando su deseo de evaluar este proyecto como un modelo que nace en Quillota y que tiene el potencial de ayudar a un gran número de personas.
Desde el punto de vista operativo, el convenio establece que las prestaciones serán otorgadas por profesionales pertenecientes al Centro de Salud Mental Vida Nueva, ajustándose a la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos existentes. Para hacer esto posible, Gendarmería ya ha habilitado un espacio físico dentro del CDP que cumple con los estándares de seguridad, privacidad y adecuación necesarios para las consultas. Además, la institución ha dispuesto las condiciones de conectividad y los protocolos de coordinación requeridos para que las videollamadas se desarrollen sin contratiempos. Como prueba de la viabilidad del sistema, tras la firma del convenio, se realizó una primera conexión remota exitosa para verificar el funcionamiento técnico y la calidad de la conectividad.
Este modelo de atención no solo facilita el acceso a la salud desde el interior del recinto, sino que refuerza la coordinación administrativa entre Gendarmería y la red municipal. El documento firmado garantiza estrictamente el resguardo de la confidencialidad de los antecedentes clínicos, la protección de los datos personales de los pacientes y la continuidad de los cuidados médicos, todo ello bajo el marco de la normativa vigente.
Finalmente, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, destacó la incidencia positiva de este avance en los procesos de reinserción social. González señaló que el trabajo colaborativo en salud dentro de las cárceles de la región permite avanzar en el resguardo de la dignidad humana, recordando que el derecho a la salud no se pierde con la privación de libertad. Según el seremi, integrar a las internas en la red de salud comunal no solo mejora su calidad de vida, sino que propicia una reinserción social más efectiva al ayudar en la regulación emocional, prevenir crisis y mitigar la carga psicológica propia del contexto de encierro.
