El futbolista profesional Héctor Bellerín, jugador del Real Betis, ha decidido tomar medidas legales contundentes frente a las expresiones de odio vertidas en su contra. El deportista ha interpuesto una querella formal contra el youtuber y creador de contenido Mikel Iñaki Angulo, tras una serie de manifestaciones de contenido homófobo realizadas por el comunicador durante una de sus transmisiones en directo en la plataforma de YouTube.
Los hechos que originaron la acción judicial ocurrieron durante la emisión de un directo en el que Angulo analizaba el encuentro deportivo disputado entre el Real Betis y el Real Madrid el pasado 4 de septiembre. En dicho partido, Bellerín se enfrentó en el terreno de juego al jugador madridista Vinícius Júnior. Durante el análisis del encuentro, el creador de contenido se centró en la apariencia física y los gustos personales del futbolista, haciendo referencias despectivas sobre el hecho de que el jugador "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres". Estas afirmaciones culminaron en insultos directos de carácter homófobo, llegando el youtuber a tildar al futbolista de “maricón encubierto”.
De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la querella ha sido presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla. En el documento legal, se le imputa al creador de contenido un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves cometidas con publicidad, dada la naturaleza masiva de la plataforma donde se difundieron los comentarios.
Paralelamente a la acción individual del futbolista, el Real Betis como institución ha manifestado su respaldo total a su jugador. La entidad verdiblanca ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. El club sevillano fundamenta su denuncia basándose en la Ley 19/2007, de 11 de julio, la cual regula la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
En el escrito presentado por el club, se detalla específicamente que el artículo 23.1 c) de la citada norma tipifica como una infracción muy grave la difusión, a través de medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a actividades deportivas, de contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a comportamientos racistas, xenófobos o intolerantes por razones de orientación sexual, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social. Asimismo, la ley sanciona aquellos actos que supongan un desprecio manifiesto hacia los participantes en la competición o el espectáculo deportivo.
Un punto clave de la denuncia del Real Betis es la precisión de que este precepto legal atribuye la condición de posible infractor a “cualesquiera sujetos”. Esto implica que la ley no exige que el autor de las ofensas posea una licencia federativa, pertenezca a una entidad deportiva oficial o participe directamente en la organización de la competición para ser sancionado.
En cuanto a las posibles consecuencias económicas y administrativas, la entidad verdiblanca señala que el artículo 24 de la ley contempla para este tipo de infracciones muy graves multas que oscilan entre los 60.000,01 y los 650.000 euros. Adicionalmente, el club ha solicitado que se valore la imposición de sanciones accesorias, tales como la prohibición de acceso a recintos deportivos para el youtuber Mikel Iñaki Angulo.
Por todo ello, el Real Betis ha solicitado formalmente a la Comisión Antiviolencia que analice las manifestaciones del creador de contenido y que, de encontrar indicios suficientes de infracción, impulse la incoación del correspondiente expediente sancionador.
Cabe destacar que este no es el único frente legal que enfrenta Angulo. La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha iniciado diligencias de investigación contra el youtuber tras una denuncia previa presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. A esta acción se han adherido posteriormente cerca de un centrar de personas, quienes buscan investigar la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
