¿Usó el gobierno la "paz total" para atacar a sus rivales políticos? Así lo denuncian Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según sus declaraciones, delegados del Gobierno de Gustavo Petro habrían intentado que excomandantes de las autodefensas testificaran contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2025, durante una reunión en una casa campestre en Valledupar. Rodríguez afirma que recibió órdenes directas del presidente para cerrar la negociación de Ralito, pero que el objetivo real era persuadir a diez exparamilitares para que acusaran a los tres dirigentes mencionados, presuntamente para favorecer la llegada de Iván Cepeda a la presidencia.
Salvatore Mancuso respaldó esta versión a través de un video, asegurando que los delegados gubernamentales, incluyendo a Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo, les pidieron hablar públicamente contra estos hombres para ganar una elección. Sin embargo, Mancuso afirma que ninguno de los excombatientes aceptó la propuesta, lo que provocó que el encuentro se dañara.
En la reunión también estuvo Armando Benedetti, quien se retiró al ser notificado de su inclusión en la lista Clinton. Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que Benedetti deberá responder por sus actuaciones.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó categóricamente los señalamientos. Petro negó haber dado órdenes para presionar testimonios y solicitó que se hagan públicas todas las actas, grabaciones y comunicaciones de dichas reuniones. Además, cuestionó por qué entidades como la Fiscalía o la Procuraduría no denunciaron irregularidades en su momento.
Debido a la gravedad de las acusaciones, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigue lo sucedido y analice las versiones que hoy agitan la política nacional.
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