El Ministerio de Seguridad de la Nación ha presentado una denuncia penal contra manifestantes que participaron en los incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria. El Gobierno solicita investigar figuras graves como daño agravado y atentado al orden constitucional, argumentando que los disturbios buscaron inhibir la actividad legislativa en el Congreso.
Sin embargo, la cronología de los hechos contradice este relato. La sesión especial de Diputados se cayó por falta de quórum a las 14:44 horas. Los enfrentamientos comenzaron recién cerca de las 16:00, cuando ya no había actividad en el recinto. De hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que el oficialismo decidió no dar quórum para mantener vigente el DNU 70/23.
Mientras el secretario de Educación, Carlos Torrendell, habló de "grupos de tareas" organizados para atacar la democracia, la realidad judicial es distinta. Los detenidos están a disposición de la Justicia únicamente por resistencia o desobediencia a la autoridad, según el artículo 239 del Código Penal, un delito excarcelable y de menor escala penal.
Este escenario repite un patrón previo. Tanto en las marchas contra la reforma laboral como en el debate de la Ley Bases, el Ministerio de Seguridad impulsó denuncias por delitos terroristas o contra el orden constitucional que luego fueron rechazadas o reducidas por la Justicia debido a la falta de pruebas.
Hasta el momento, el Gobierno reporta ocho efectivos heridos y daños preliminares por 90 millones de pesos en la Plaza de los Dos Congresos, mientras las defensas trabajan en las excarcelaciones de los imputados.
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